EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y ESCOLARIZACIÓN VOLUNTARIA
(A propósito, también, de una Sentencia del Tribunal Constitucional)
Se puede descargar aquí el artículo completo:
educacic3b3n-obligatoria-y-escolarizacic3b3n-voluntaria1
Por Teófilo González Vila
0. Introducción.
0.1.El mismo título de este largo escrito puede considerarse como formulación de la
tesis general que en él se sostiene, tesis que, así enunciada, quizá resulte extraña a algunos
lectores. Esperamos que llegue a ser plenamente entendida y aceptada.
La piedra de toque del rigor teórico y de la honradez con que alguien se confiesa
demócrata y por tal exige ser tenido está en el papel que asigne al Estado en lo que atañe a la
Educación. Por muy elocuentes que sean sus proclamas democráticas, habremos de tener por
peligroso antidemócrata a quien pretenda investir al Estado como originario educador
supremo de ciudadanía. El Estado-Maestro es un estado totalitario y totalitario es quien lo
propugne o sostenga o aun simplemente acepte de buen grado. No es democrático el sistema
sociopolítico en el que no se reconoce el derecho preferente de los padres a decidir el tipo de
educación que han de recibir sus hijos.
Y para determinar si alguien de verdad conoce, reconoce y defiende, en todo su
alcance, o no, ese derecho preferente de los padres ningún procedimiento más seguro que el
de comprobar si defienden o no el derecho de los padres a proporcionar a sus hijos la
educación básica sistemática íntegramente en familia” o “en casa”, sin escolarizarlos
(homeschooling)1. No podemos, por eso, dejar de tener en cuenta, a lo largo de las siguientes
consideraciones, la sentencia mediante la cual el Tribunal Constitucional (en adelante,
muchas veces, TC) no hace mucho denegaba el amparo a unos padres que invocaban su
derecho a educar a sus hijos “en casa”, sin escolarizarlos2 .
El estudio de la “doctrina” de esa Sentencia resulta especialmente necesario también
en cuanto alguien pretendiera encontrar en ella fundamento para posibles futuras restricciones
legales de la libertad de enseñanza, como las ya proyectadas contra la educación
diferenciada3 .
1 Para referirnos a esa opción educativa vamos a emplear de ordinario en este escrito, por razones de economía verbal y
dado su ya generalizado uso, el término homeschooling (cuyos equivalentes en español, que también emplearemos en
ocasiones, pueden resultar más complejos). Feminizamos, mediante el artículo “la”, ese término y decimos la homeschooling,
aunque podría decirse, y algunos lo hacen, “el homeschooling”. Por otra parte, aunque resulta obvio en el presente escrito,
advirtamos desde el primer momento que argumentamos contra la imposición de la escolarización y contra la prohibición
de la homeschooling, sin entrar a examinar ventajas y/o inconvenientes de cada una de esos dos modos de organizar y llevar a
cabo sistemáticamente un proceso educativo, ni las razones por las que pueden ser, aquí y en el futuro, cada de esas
modalidades educativas objeto de la preferencia de los padres.
2 Se trata de la STC 133/2010, de 2 de diciembre de 2010 (BOE de 05.01.2011), dictada en el recurso de amparo 7509-2005
interpuesto contra Sentencia núm. 548/2005, de 6 de junio de 2005, dictada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de
Málaga (rollo núm. 770/2003), que confirma en apelación la Sentencia núm. 36/2003, de 5 de mayo de 2003, del Juzgado de
Primera Instancia núm. 2 de Coín, por la que se ordenaba precisamente la escolarización durante la enseñanza básica, de los
hijos menores de los demandantes, a los que se impartía esa enseñanza en su propio domicilio. En sus alegaciones, los ahora
recurrentes invocarán como jurisprudencia favorable a sus pretensiones de educar a sus hijos en casa la STC 5/1981, de 13 de
febrero, y la Sentencia núm. 1669/1994 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 1994, pues, a su
parecer, ambas no excluyen los modelos de enseñanza que se desarrollen en el núcleo familiar” (STC 133/2010,
Antecedentes, 2). Análisis Digital ofreció en su momento análisis y comentarios críticos sobre dicha STC. Las
consideraciones que se exponen a continuación sobre el alcance de los derechos y deberes crítica seria de la referida STC
133/2010 en cuanto ésta parece no tener en cuenta exigencias conceptuales fundamentales.
3Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación cuya remisión a las Cortes Generales aprobó el
Consejo de Ministros el viernes 27.05.2011.l
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Página 1 de 360.2.
Ante la libertad educativa proclamada por nuestra Constitución…
La Constitución española reconoce “el derecho a la educación” y “la libertad de
enseñanza”4 . Y fija el concepto de educación, al establecer que ésta “tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Con estos términos, tomados de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), nos ofrece una clara
definición teleológica de la educación democrática a la vez que exige que sea tal la que se
imparta en España. De acuerdo asimismo con la citada Declaración Universal, reconoce
nuestra Constitución “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” y hace recaer
sobre los poderes públicos la exigencia de que “garanticen” el ejercicio de tal derecho5 .
0.3.
Algunos no ocultan su desazón, reticencia y aun abierto rechazo…
Desde los primeros momentos, tras la entrada en vigor de la actual Constitución
española (1978), algunos dejaron ya traslucir la incomodidad que les producía el abierto
reconocimiento que ésta hace de la libertad de enseñanza y del derecho educativo de los
padres. Aunque resultaban indisimulables sus agrias reticencias al respecto, no se oponían
entonces abiertamente a tal libertad y a tal derecho, puesto que hacerlo les hubiera impedido
revestirse con la prestigiosa imagen de demócrata que todos en aquellos años primeros
querían exhibir. Pronto, sin embargo, en todo caso, sobre el apartado 2 del artículo 27 de la
Constitución empezó a fraguarse una interpretación según la cual a los poderes públicos se les
asignaba un preponderante papel propiamente educativo al que, en último término, estaría
subordinado cualquier otro. Según la lectura que del artículo 27.2 CE hacen desde entonces
algunos teóricos, vinculados a posiciones “social-estatistas”, el citado precepto constitucional
contiene un mandato dirigido a los poderes públicos, para cumplir el cual ha de entenderse
que a la vez les reconoce implícitamente, a esos poderes, un derecho educativo, anterior y
superior al de los ciudadanos y, en concreto, al de los padres. En esa lectura del texto
constitucional los poderes públicos resultarían ser los primeros y universales educadores de la
ciudadanía, con lo cual, en último término, estaríamos ante un Estado-Maestro de imposible
conciliación con las exigencias más elementales de una constitución democrática (Más abajo
se examina y rechaza esa interpretación estatista del art. 27.2 CE).
En estos momentos hay quienes parecen haber perdido ya todo pudor democrático y
han pasado a negar sin rebozo alguno el derecho preferente de los padres a decidir el tipo de
educación de sus hijos, pues, en todo caso, sostienen, el ejercicio de ese derecho estará
condicionado por el superior derecho de los poderes públicos a determinar la educación que
han de recibir todos los ciudadanos. Otros, menos tajantes, más condescendientes…, dirán
que la educación es tarea compartida de modo inmediato entre el Estado y los padres. Y
establecen un donoso reparto de atribuciones en el cual a los padres les incumbe educar en la
moral privada y a los poderes públicos les corresponde hacerlo en la moral pública y de tal
modo que, en caso de conflicto, prevalecerá ésta sobre la primera, de acuerdo con una ligera
división de ámbitos, necesitada, en el mejor de los casos, de una seria discusión y que no
4 CE artículo 27.1. V. Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 26 1; Carta europea de los Derechos
Fundamentales, art. 14.1.
5 V. también, respectivamente, apartados 2 y 3 del artículo 27 de la CE, así como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, art. 13.1, por una parte, y, por otra,el 13.3 del dicho Pacto, e
igualmente el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, Protocolo
Adicional, art. 2 y la Carta europea de los Derechos Fundamentales, art. 14.3.
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Página 2 de 36puede imponerse, según parecen dar por supuesto ingenuamente algunos, como si
constituyera una evidencia universal. En todo caso, el tratamiento de este tipo de cuestiones
centrales exige empezar por establecer algunas nociones y formular algunas fundamentales
precisiones.
1. Enseñanza y educación en la Constitución: precisiones léxico-nocionales básicas.
Con expresiones ya consagradas por el uso, tanto en el lenguaje ordinario como en el
técnico-jurídico, la Constitución proclama el derecho de todos a la educación y en el mismo
precepto reconoce la libertad de enseñanza (CE 27.1). Ahora bien, no cabe entender en modo
alguno que, en este contexto, educación y enseñanza sean realidades distintas. En ese precepto
constitucional a enseñanza no le corresponde exclusivamente un sentido más restringido que
el de educación. Ciertamente la libertad de enseñanza en su sentido más amplio es la que a
toda persona ha de reconocérsele para enseñar a otros, mediante los diversos procedimientos
adecuados en cada caso, cualquier tipo de realidad. Y dentro de la enseñanza entendida en ese
amplísimo sentido se incluye obviamente la enseñanza regulada en el sistema educativo.
En el contexto del art. 27 de nuestra Constitución, enseñanza ha de entenderse no como
mera instrucción, mera transmisión de conocimientos, saberes y habilidades técnicas sino en
el sentido en que con ese término (enseñanza) nos referimos también a elementos, contenidos,
aspectos, objetivos específicamente educativos. No parece necesario insistir en que “enseñar”
y “enseñanza” son términos que, de acuerdo con acepciones que les son propias y de uso no
infrecuente, se refieren no sólo a conocimientos, sino a comportamientos, hábitos de vida….
En efecto, no sólo se enseñan conocimientos, sino que es también enseñanza la de unas
pautas de conducta, pues también se enseña a comportarse, a vivir, a convivir, a vivir juntos,
a ser…. Y así lo entienden las leyes educativas cuando expresamente asignan a la enseñanza
objetivos no sólo cognitivos, conceptuales, sino formativos, actitudinales, axiológicos…”6 .
La preferencia por la expresión “libertad de enseñanza” se explica en cuanto su uso se
encuentra generalizado, pero, precisamente, en el sentido técnico en que con ella se entiende
también de modo pleno, libertad de educación, libertad educativa. No sería, pues, correcto,
sistemática y contextualmente, entender que “enseñanza” y “educación”, en el at. 27 de
nuestra Constitución son realidades contrapuestas ni aun separables de manera que la libertad
de enseñanza no hubiera de ser entendida como libertad de educación y el derecho de
educación pudiera entenderse al margen de la libertad educativa. El derecho a la educación no
es el derecho a un pupitre, a un puesto escolar, a unos medios materiales con que recibir y/o
procurarse instrucción, sino derecho a una determinado tipo de educación integral, acorde con
la opción que tengo derecho a adoptar en uso de mi libertad de enseñanza/ de educación7 .
6Foro Calidad y Libertad de la Enseñanza, Educación, libertad y calidad, Madrid, octubre de 2002, p.10. Sobre la relación
entre la dimensión instructiva y la formativa de la educación, cf. González Vila, T., “Educación: cuestiones tópicas”, en en
Debate Actual. Revista de religión y vida pública, n.3 /mayo 07, pp.40-67
7 Es preciso tener en cuenta que el derecho a la educación no es el derecho a la mera escolarización material, el derecho a un
pupitre en cualquier centro, sino el derecho a un tipo de educación. Por eso, no puede establecerse una jerarquía ni una
secuencia de ejercicio entre derecho a la escolarización (entendida como mera ocupación de un puesto escolar) y derecho a
un tipo de educación. Hemos de decir, contra lo supuesto en el reiterado simplista discurso de algunos, que la mera
escolarización material no satisface el derecho a la educación. No hay, por tanto, contraposición entre derecho a la educación
y derecho a la elección de un tipo de educación. No hay educación neutra, no hay educación que no responda a unas últimas
convicciones, a una concepción antropológica determinada, aunque lo ignoren incluso quienes están implicados en el proceso
educativo. Por eso, es inadmisible, democráticamente repugnante, que desde el Poder se pretenda imponer a quienes tienen
menos medios, o no cuentan con ninguno, el particular tipo de educación de los que mandan, a cambio de proporcionarles el
pupitre… No hay unos que tienen derecho al tipo de educación y otros que solo tengan derecho a un pupitre. Todos tienen
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Página 3 de 36Con esta interpretación, que establece la identidad conceptual de enseñanza y
educación en el apartado primero del art. 27 CE, se corresponde el hecho de que en el
apartado cuarto de ese mismo precepto se establezca como “obligatoria y gratuita” la
“enseñanza básica” (Art. 27.4 CE). Y a nadie se le ocurriría sostener que la “enseñanza
básica” a la que en ese caso se refiere la Constitución ha de reducirse a mera enseñanza, en el
sentido en que cupiera contraponerla a educación o expresara sólo una de las dimensiones de
ésta, entendida como mera instrucción o transmisión de conocimientos8 . La correcta
equivalencia entre esos términos (enseñanza y educación), a los efectos de estas
consideraciones, se hace asimismo manifiesta en otros textos fundamentales como el mismo
artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece la obligatoriedad
de la “instrucción elemental” y reconoce a los padres el “derecho preferente” a “a escoger el
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”9 .
2. El derecho preferente de los padres a decidir el tipo de educación que han de
recibir sus hijos…
2.1.
Diversos modos legítimos de ejercerlo.
Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que ha de darse a
sus hijos, según expresamente reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
así como otros tratados internacionales10 .
Podemos entender y decir que ese derecho lo es a decidir el tipo de educación que
quieren para sus hijos. Como en español se ha generalizado el uso del verbo escoger o el de
elegir para enunciar el derecho a optar por un centro educativo, consideramos preferible
emplear el término decidir, más genérico, a la vez que más enérgico, para referirnos al
preferente derecho que podemos llamar derecho-educativo-base de los padres en relación con
el tipo de educación que ha de darse a sus hijos11. Y a partir de ahí podemos considerar
asimismo objeto de derechos educativos los diversos modos como pueden los padres ejercer
derecho a un tipo de educación…
8 Cf. González Vila, T. “Libertad de enseñanza y financiación”, en Educadores. Revista de Renovación Pedagógica, n.
213-214, enero-junio 2005, pp.9-80
9 Esa equivalencia resultará especialmente clara si se tienen en cuenta los términos empleados en otras lenguas (v. en
particular el texto inglés, francés e italiano del citado artículo 26.1 de la DUDDHH-1948).
10 Cf. supra, v.c., nota 5. Recuérdese que, según dispone el apartado 2 del artículo 1º de nuestra Constitución: “Las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por
España”. A lo largo de este escrito insistimos en la condición de preferente que corresponde y ha de reconocerse en todo caso
a los derechos educativos de los padres frente a los derechos educativos de que puedan considerarse titulares otros sujetos. El
art. 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU-1948) reconoce a “los padres” ese “derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (En este caso se trata –adviértase—de escoger el
tipo de educación entre los muy diversos posibles, no de escoger el tipo de centro y, menos aún, el centro concreto que se
prefiere entre los existentes). Tampoco dejan lugar a duda alguna sobre el carácter preferente de ese derecho educativo de los
padres los términos que utilizan otras lenguas en ese apartado 3 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Así por ejemplo: “Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children”,
“Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants”, “I genitori hanno diritto di
priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”, “Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der
Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll”…
11 De acuerdo con esto, por nuestra parte, será este término —decidir— el que utilicemos de ordinario, a lo largo de todo el
presente escrito, para referirnos al derecho que a los padres corresponde en relación con el tipo de educación que han de
recibir sus hijos.
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Página 4 de 36ese derecho-educativo-base, derecho-educativo-raíz o derecho-educativo-fuente a decidir el
tipo de educación para sus hijos12 .
2.1.1. El derecho a elegir centro educativo. Un modo, el más usual, de ejercer ese
derecho-raíz a decidir el tipo de educación para los propios hijos es elegir o escoger un
centro educativo en cuanto éste ofrece el tipo de educación que para éstos se quiere o
considera adecuado. Por eso, se reconoce expresamente a los padres (y, en su caso, a los
tutores legales) la libertad de escoger para sus hijos (o pupilos) “escuelas distintas de las
creadas por las autoridades públicas”13. Lo cual supone, a la inversa, el derecho a optar
justamente por una escuela pública y, a este respecto, es preciso advertir que ese derecho lo es
también a elegir una concreta escuela de entre las llamadas públicas, cada una de las cuales,
sin perjuicio de su común condición de tales (“públicas”), puede presentar características
particulares que la hagan, para uno padres, preferible a otras14. Ese derecho de elección de
centro educativo lo es no sólo para escoger un colegio público o uno privado sino para
escoger uno determinado entre los públicos o entre los privados. Obviamente, el ejercicio de
ese derecho, aunque ninguna norma lo restrinja, se verá inevitablemente condicionado por la
fuerza de limitaciones físicas insalvables y podrá o aun deberá, por eso, ser regulado de
acuerdo con criterios objetivos que establezca un orden de prelación en el acceso a un centro
que no puede acoger a todos los que por él optan. Pero si condicionamientos de este tipo
pueden ser insalvables en el caso de un centro concreto, no tendrían por qué darse en relación
con el conjunto de centros de uno u otro sector (público o de iniciativa social) de manera que
todos los padres pudieran contar con un centro de un tipo u otro, aunque no pudieran acceder
al concreto centro que consideran ideal dentro de los del tipo que prefieren.
Es, pues, del derecho de los padres a escoger y, en la terminología que proponemos, a
decidir el tipo de educación para sus hijos de donde deriva el derecho a escoger o elegir
centro educativo15. Por eso no es acertado referirse al derecho educativo de los padres de
manera casi exclusiva o preferente como a derecho de elección de centro. De ese modo, no
sólo se olvida el derecho-raíz a decidir el tipo de educación para los hijos, sino que además se
ignora el hecho de que la posibilidad de elegir centro no está abierta a muchos padres por la
sencilla y contundente razón de que en su ámbito y circunstancias no hay centros entre los
que elegir, sino un solo tipo de centro o aun un solo centro. Ciertamente, ante esta situación,
lo que tienen que hacer los poderes públicos no es crearles obstáculos a los que no los tienen,
sino remover los obstáculos (CE 9.2) que encuentran otros y crear las condiciones para que
12 En el presente escrito hablamos de los derechos educativos o del derecho educativo y, alguna vez, de la libertad
educativa de los padres. La preferencia por una u otra expresión depende del contexto, pero, salvo que se haga alguna
precisión en contra, deberá entenderse que con todas ellas nos referimos a la misma realidad.
13 Artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966.
14 Pensar que esa común condición de “públicos” de determinados centros educativos lleva consigo su total uniformización
supone considerar que en ese tipo de centros no hay margen alguno para el ejercicio de la más mínima libertad o autonomía.
Por cierto, la LODE, es decir, la LO 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (siendo ministro de
Educación Maraval), en el apartado 1 de su artículo 20 (derogado por la LOCE, es decir, por la LO 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, aprobada con un gobierno del PP) establecía: “Una programación adecuada de los
puestos escolares gratuitos, en los ámbitos territoriales correspondientes, garantizará tanto la efectividad del derecho a la
educación como la posibilidad de escoger centro docente”. Y la misma LODE, en su art. 4, reconocía a los padres el derecho:
“b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos”. En la redacción que a ese artículo de la
LODE confiere la LOE, esto es, la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (aprobada con un gobierno-PSOE), en su
Disp..Final Primera: “1) a los padres se les reconoce derecho: …“b) A escoger centro docente tanto público como distinto de
los creados por los poderes públicos”. La antes referida LOCE artículo 3.1, b) reconocía a los padres el derecho “a la libre
elección de centro”.
15 No es que tenga derecho a decidir el tipo de educación de mis hijos porque tengo el derecho de elegir centro, sino que
tengo derecho a elegir centro porque tengo derecho a decidir el tipo de educación que quiero para mis hijos.
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Página 5 de 36cada día sea mayor el número de los que puedan hacer un efectivo ejercicio de su libertad de
elección de centro. Por cierto, cabe decir que, en una consideración teórica sistemática, el
derecho de elección de centro puede entenderse referido a un centro que ya se encuentra
realizado, existente, o a un centro ideal que realizo, en uso del derecho de creación de
centros16 .
2.1.2. El derecho a determinar el tipo de educación en el centro al que acuden los
hijos. En todo caso, en muchas ocasiones –¿siempre?–, habrá quienes no estén en
condiciones de elegir un centro previamente caracterizado por un particular ideario
educativo que pueda coincidir con el tipo de educación que consideran adecuado para sus
hijos. Ahora bien, los padres que, por las circunstancias que sean, no puedan elegir un centro
para sus hijos, no por eso, obviamente, quedan privados de su derecho preferente a decidir el
tipo de educación de sus hijos. En tal caso, obviamente, habrán de ejercerlo de otro modo
¿Cómo?
Otro modo en que pueden los padres ejercer su derecho educativo a decidir el tipo de
educación para sus hijos es el de determinar, ellos mismos junto con otros padres, el tipo de
educación que ha de impartirse en el centro en que por diversas circunstancias sus hijos
concurren y que (como ocurre, p.e., en el público aunque pueda ser también el caso en
algunos privados) no está fundacional o institucionalmente marcado por ningún tipo
particular de educación. Este modo de ejercicio del derecho de los padres a decidir la
educación de los hijos no tiene cabida en centros a los que dan existencia sus creadores
justamente para impartir un concreto tipo de educación que hacen explícito y público ante la
sociedad y que les confiere una muy concreta identidad. Los padres pueden optar por un
centro así previamente identificado mediante un concreto ideario o no, pero no pueden exigir
que los creadores del centro modifiquen su proyecto para adecuarlo a opciones educativas
distintas y aun manifiestamente opuestas a aquella que constituye la fundacional razón de ser
del centro de que se trate. Los creadores de un centro al que dotan de un concreto ideario ante
el hecho de que éste no encuentre acogida en la sociedad pueden, si así lo consideran
oportuno, modificar sus proyectos en términos que puedan suscitar la demanda de la que no
ha sido objeto su proyecto inicial o pueden, sencillamente, cancelar el proyecto por considerar
que no tiene sentido y aun va contra sus principios dedicarse a otro ajeno a los ideales que les
han inspirado el original. Obviamente, una u otra opción corresponde a la libertad de los
titulares y no puede ser impuesta ninguna de ellas por quienes han llegado al centro que
estaba ya previamente marcado por un ideario.
2.1.3.El derecho a proporcionar a los hijos la educación sistemática íntegra
exclusivamente en casa, sin escolarizarlos (o homeschooling). Un modo –digamos en tercer
ligar– en que también pueden los padres ejercer legítimamente su derecho a decidir el tipo de
educación de sus hijos es el de proporcionar a sus hijos la educación sistemática íntegra
exclusivamente en casa, sin escolarizarlos en ningún centro educativo. En esta opción de la
educación “en familia” o “en casa” (homeschooling) los padres asumen de modo inmediato
la entera educación de sus hijos y se la imparten bien ellos mismos solos, bien ellos con la
ayuda de otros agentes educativos, como, p.e., otros padres, maestros o profesores a
16 Elegir un centro que me encuentro existente no es obviamente lo mismo que elegir un centro que he de realizar (o
contribuir a realizar), aunque teóricamente puedan situarse ambos casos bajo el concepto de elección de centro. Y la
diferencia entre esos dos casos resulta manifiesta en cuanto respecta a la facilidad de llevar a cabo una u otra acción.
Sorprende, por eso, que el TC considere que la libertad de enseñanza de los padres tiene un cauce poco menos que normal
precisamente en la creación de centros [STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ5 a) y FJ 8 c)].
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Página 6 de 36domicilio, o bien sólo éstos bajo la supervisión inmediata, en todo caso, de los padres.
Ciertamente el derecho de los padres a decidir el tipo de educación de sus hijos está referido,
obviamente, en primer lugar a la acción educadora que ellos mismos (en cumplimiento de lo
que es a la vez un grave, ineludible e intransferible deber) han de llevar directamente a cabo
en cualquier caso y, por tanto, también en el de que lleven a sus hijos a un determinado centro
educativo, según la efectiva preferencia de la mayoría y la actual indebida imposición de las
leyes educativas. Según se ha dicho, debe reconocérseles a los padres el derecho a ser ellos
mismos quienes lleven a cabo o en todo caso dirijan íntegramente de modo inmediato la
educación de sus hijos “en casa”, sin escolarizarlos y en los sensatos términos en que
defienden la homeschooling la mayoría de sus partidarios, que lo hacen de modo asociado y
organizado. Esta opción de la homeschooling puede suscitar al menos reticencias en sectores
sociales muy diversos y por diversas razones, entre las que cabe señalar desde la mentalidad
estatista hondamente interiorizada en amplias capas de la población hasta los intereses
profesionales y empresariales vinculados al sistema de enseñanza escolarizada. Algunos
pueden superar los temores vinculados a esos tipos de intereses con la consideración de que,
hoy por hoy, cabe pensar que la homeschooling seguirá siendo la opción de una minoría casi
imperceptible. Pero es evidente que, en cualquier caso, deben sumarse a su defensa, por
elemental coherencia, cuantos se confiesan a favor de la libertad de enseñanza y proclaman
con el mayor énfasis el derecho educativo preferente de los padres. Podemos decir que la
actitud que se adopta ante la homeschooling es el mejor “test” de la sinceridad y firmeza con
que se defiende la libertad educativa de los padres y, en suma, la libertad, sin más.
2.2.
El derecho educativo de los padres frente y sobre el de otros agentes
educativos (informales o formales, políticos o profesionales, etc).
El derecho de los padres debe ser afirmado, en todo caso, como preferente frente a
cualesquiera otros agentes educativos a los que no podría reconocérseles sino la condición de
responsables no-preferentes o subsidiarios o auxiliares de los padres. El derecho de los
padres es, considerado en esa vertiente, el derecho a exigir que el tipo de educación que
desarrollan esos otros agentes responsables o colaboradores sea el que los padres mismos de
los educandos decidan. Y esto, que ha de afirmarse respecto de aquellos colaboradores
educativos que los propios padres eligen (como, p.e., en el caso de la educación en casa), ha
de sostenerse también con especial énfasis frente a agentes que no han sido elegidos por los
padres, sino que les vienen administrativamente dados y que no, por eso, dejan de ser
auxiliares de los padres y en modo alguno titulares de un derecho educativo que puedan
ejercer al margen y, mucho menos, contra el derecho preferente que a los padres corresponde.
Con menos razón aún podrán invocar los poderes públicos derecho o competencia para
regular y administrar sistemáticamente la educación en términos que supongan anular o aun
menoscabar el derecho educativo preferente de los padres, cuyo ejercicio, por el contrario,
deben los poderes públicos facilitar al máximo y, en modo alguno, obstaculizar aun
mínimamente y es en este sentido en el que habrá de ser interpretado el alcance que pueda
corresponder al mandato que la Constitución en su art. 27.2 dirija a los poderes públicos. El
derecho preferente de los padres a decidir la educación de sus hijos se corresponde con el
deber que tienen, con carácter asimismo preferente, de efectivamente educarlos.
Hay sin embargo hoy quienes parecen ajenos por completo al espíritu que llevó al
reconocimiento del derecho educativo preferente de los padres en Declaración de los
Derechos Humanos de la ONU en 1948, reconocimiento presente asimismo en nuestra
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Página 7 de 36Constitución, y no sólo ponen en cuestión el carácter preferente de ese derecho, sino que
pasan ya a negarlo sin más. Unos lo hacen por razones ideológicas, aprióricas, desde
posiciones estatistas más o menos abiertamente totalitarias. Que haya quienes reclaman para
el Estado la patria potestad universal sobre todos los ciudadanos no constituye una novedad ni
aun siquiera el modo de hacerlo. La Historia ofrece ya el catálogo total de posibles modos,
desde los más sutiles y suaves a los más descarados y fieros, que puede emplear el Poder para
hacer suyos a todos los niños y hacer de ellos, sustraídos, según el correspondiente discurso
totalitario, a la negativa, egoísta, antisocial, etc. influencia de sus padres, dóciles integrantes
de la masa, ajenos a la marcha del Progreso… Bien es verdad que la Historia afortunadamente
también es pródiga en admirables ejemplos de modos, incluidos los físicamente martiriales,
de resistencia triunfante frente a esas pretensiones totalitarias
Hoy y aquí entre los valedores del Estado-Educador pueden contarse desde quienes
repiten incesantemente que para educar a un niño hace falta toda la tribu hasta quienes, se
atrevan o no a decirlo, están convencidos de que educar no puede considerarse en absoluto
derecho de los padres por el mero hecho de que lo sean, sino tarea que ha de confiarse a
quienes cuentan con la rigurosa preparación profesional específica necesaria que para llevarla
a cabo, bajo la supervisión de los poderes públicos. Los padres, por el contrario, añadirán, no
sólo no están dotados de competencias educativas, sino que en gran número exhiben al
respecto una manifiesta incapacidad: unos, por más que buenos, son manifiestamente
ignorantes y/o ineducados; otros, aun cuando posean un alto nivel de preparación académica y
posean la más esmerada educación formal, son violentos, inmorales…, sin excluir el caso de
quienes llegan a ser verdaderos “maltratadores” psíquicos y/o físicos de sus hijos…etc, etc. Es
obvio que por esta senda de consideraciones se llegaría a no ver en los padres capacidad
alguna para educar sino imperiosa necesidad de ser educados…
Parece, sin embargo, obvio que la existencia de padres fácticamente incapacitados,
temporal o permanentemente, para ejercer su derecho educativo no es razón para negar a
todos los padres a priori el ejercicio del derecho y menos aún el derecho mismo. El que haya
padres a los que sea justo y preciso privarles de la patria potestad no es, obviamente razón,
para decidir la privación preventiva de la patria potestad a todos los padres y atribuir a los
poderes públicos, al Estado nunca mejor dicho “paternalista”, una universal superior patria
potestad sobre todos los ciudadanos educandos17. No deja de ser significativo que a personas,
que son padres y funcionarios, se les niegue como a padres el derecho y capacidad para
educar a sus hijos y, en cambio, se les reconozca, como a funcionarios del Estado, la
capacidad para educar a cualesquiera ciudadanos-hijos de los demás… Algunos ideólogos de
la educación estatal-estatista hablan como iluminados que se consideraran y consideraran a
los funcionarios-docentes cual encarnaciones puras, repeticiones clónicas de un perfecto único
común neutral maestro universal…
17 Con este mismo tipo de consideraciones contestaríamos a Montaigne, cuando lamenta indignado en términos de especial
dureza que se deje la educación de los niños a merced de sus padres “por locos y crueles [o malvados] que sean” (Montaigne,
Ensayos, II, XXXO, Edición de Cátedra, Madrid, 2008, pp.450s.; Ed. El Acantilado, Barcelona, p.1071))
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Página 8 de 363. DIECIOCHO TESIS BÁSICAS SOBRE EDUCACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN.
Para adoptar ante la Educación (y concretamente, ante el papel,
competencias, derechos y deberes, de los diversos sujetos que intervienen en ella) una
posición democrática doctrinalmente rigurosa, es necesario tener en cuenta las
consideraciones precedentes y situarse con claridad en las nociones y tesis como las
que, de acuerdo con lo antes expuesto, a continuación se enuncian:
3.1. Por “educación” o “enseñanza básica” ha de entenderse aquella cuya posesión resulta,
con carácter general, imprescindible y suficiente, en las concretas circunstancias de una
sociedad dada, para formar parte de la sociedad en condiciones de poder ejercer plenamente
los derechos y cumplir los deberes ciudadanos, incluidos en unos y otros el desempeño de las
actividades con las que cada uno ha de realizarse en todas las dimensiones de su
personalidad18 .
3.2. Desde la perspectiva de cada persona, la educación básica (que no es necesariamente
educación “primaria”19) es, ante todo, objeto de un derecho que cada una tiene, derecho que
ha de estar reconocido como tal en el ordenamiento jurídico positivo.
3.3. Considerada desde la perspectiva de la sociedad, la educación básica es un deber de cada
ciudadano para con ella. Y puede legítimamente imponerse a todos y cada uno como
obligación jurídico-positiva ese deber de haber alcanzado la educación básica a una
determinada edad. Puede, pues, legítimamente y debe fijarse la edad a la que, en condiciones
normales, será exigible con carácter general a los ciudadanos el haber cumplido el indudable
deber que tienen de alcanzar el nivel formativo correspondiente a la superación de la
educación básica (entendida según la definición que de ella se expone en la tesis 1). Ahora
bien, eso es una cosa y otra muy distinta el que en la misma definición de la educación básica
se incluya como esencial una referencia cuantitativa a años de escolaridad y a edades de los
educandos, como desacertadamente hacen, según veremos, las propias leyes educativas.
3.4. Al establecerse que la enseñanza básica es, además de obligatoria, gratuita, es “gratuita”
ha de entenderse que todos tienen derecho a que se les proporcionen gratuitamente los medios
precisos para adquirir la “enseñanza básica”. En un régimen de escolarización generalizada
18 Obviamente, el contenido material y el nivel que ha de alcanzar la educación básica, según la definición formal dada,
vendrá determinado por el grado de desarrollo y complejidad de la sociedad a la que la refiramos: tanto más elevado aquél,
cuanto más avanzada ésta. No cabe, por tanto, confundir en modo alguno educación básica con “primaria”. En España
tenemos un claro ejemplo de cómo, dado el grado de desarrollo y complejidad alcanzado por la sociedad, la educación básica
necesaria y exigible incluye ya una etapa de la secundaria (Cf. González Vila, Teófilo, “Educación obligatoria y
escolarización voluntaria”, en Escuela Española. Periódico profesional de Educación. Nº 3487, 22 de marzo de 2001, pp.
17-19).
19 Adviértase que los términos » E. Primaria», «E. Secundaria», «E. Media», «E. Superior», son denominaciones, cuasi
topográficas, con las que designamos, por relación de unos con otros –sin perjuicio de que cada uno de ellos se identifica
también por características propias–, distintos momentos o tramos del proceso educativo sistemático. En cambio, el
concepto de “educación básica” al que aquí nos referimos se sitúa en la relación del subsistema educativo con el sistema total
(socioeconómico, político, cultural, etc). (Cf. González Vila, Teófilo, “Obligatoriedad, comprensividad y diversidad en la
educación secundaria”, en Fundación Santillana, Aprender para el futuro. La educación secundaria, pivote del sistema
educativo, Madrid, 1998, pp. 99-112). En otra perspectiva, la educación en cualquiera de sus fases puede decirse «básica», en
cuanto cada una de ellas sienta las bases necesarias para acceder a un momento educativo o a una actividad posterior.
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Página 9 de 36esto supone la exigencia de que los poderes públicos ofrezcan gratuita la escolarización para
la adquisición de la enseñanza básica. Pero, supuesta la legitimidad, que aquí defendemos, del
uso de otros medios y procedimientos, distintos de la escolarización (como lo es la educación
en familia), para alcanzar esa esa educación, podemos decir que también esos otros medios
habrían de resultarles gratuitos a quienes a ellos recurran, al menos en proporción equivalente
a los medios generalizados.
3.5. Que la enseñanza básica haya de ser “obligatoria y gratuita” (27.4 CE) no quiere decir
que haya de ser obligatoria la aceptación de una enseñanza básica gratuita o, en otros
términos, que no sea constitucionalmente legítima la renuncia a la gratuidad de la enseñanza
obligatoria20, ni significa que los poderes públicos no puedan ofrecer gratuita la enseñanza
no-obligatoria, pre- y post-básica21.
3.6. La enseñanza básica es constitucionalmente obligatoria, pero no lo es la escolarización
como modo de adquirir la enseñanza básica. Y esto de acuerdo con el tenor literal del
correspondiente precepto. La Constitución, en efecto (artículo 27.4) establece que: “La
enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Nada se prevé sobre escolarización. Ésta ni se
menciona. Quien entiende que en ese precepto se establece como obligatoria la escolarización
confunde ésta con la enseñanza. Y la mejor prueba de que esa confusión conceptual,
lamentable, forma parte de las ideas socialmente difundidas sin obstáculo está en que la
asumen como supuesto básico órganos de los que habría esperar que la advirtieran y
rechazaran. El TC reconoce al menos que el artículo 27.4 CE, “no precisa” que la enseñanza
básica obligatoria “deba configurarse necesariamente como un periodo de escolarización
obligatoria”22, pero no extrae las consecuencias que podrían llevarle a admitir la legitimidad
de opciones educativas distintas de las que incluyen escolarización.
3.7. La Escuela, la escolarización, no es sino un medio para la educación, un medio para
cumplir el deber y ejercer el derecho de adquirir educación y, en particular, la educación
básica.
3.8. La educación es objeto de un derecho sustantivo, originario, y de una obligación
ineludible.
3.9. La escolarización, en cambio, es objeto de un derecho derivado, medial o instrumental,
pero no, necesariamente, una obligación. La escolarización nunca será un derecho o un deber
“autónomo”, originario, fundamental, sino condicionado al hecho de que es un modo de
adquisición de la educación básica que se está obligado a alcanzar.
20 Conviene advertirlo frente a quien pensara que esa gratuidad es obligatoria y de esta obligatoriedad pretendiera deducir la
de someterse a la escolarización en cuanto es ésta el único modo de hacer efectiva para todos esa gratuidad. Aparte la
exigencia de que la gratuidad se entienda referida también a otros medios distintos de la escolarización, a nadie se le podría
prohibir que renuncie a la gratuidad en absoluto y en concreto a la que va ligada a la escolarización. De hecho hasta ahora
realizan pacíficamente esa opción de renuncia a la gratuidad quienes acuden a los centros que, en el lenguaje coloquial, se
dicen “de pago”.
21 Ante el precepto constitucional según el cual “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita” (CE 27.4), algunos mal
entendieron que sólo la enseñanza que se declarara obligatoria podría ser gratuita y, de ahí que, para conseguir que los
poderes públicos garantizaran también la gratuidad de la educación infantil, no faltaron quienes dieran en la disparatada idea
de proponer que también ésta, la educación infantil, se declarara obligatoria, en régimen de obligada escolarización.
22 STC 133/2010, FJ 7, a., sentencia a la cual se dedica más adelante una muy amplia, sistemática, atención.
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Página 10 de 363.10.Ciertamente, en la medida en que para una concreta persona el único modo de ejercer su
derecho y cumplir su deber de alcanzar la educación básica fuera acudir a la Escuela, la
escolarización sería para ella también, circunstancial, contingentemente, objeto tanto de un
derecho como de una obligación. Pero la escolarización no puede legítimamente imponerse
con carácter general a todos, sino que ha de reconocerse el derecho a la no escolarización a
quienes puedan y quieran acogerse a otras vías (no-escolarizadoras) para ejercer sus derechos
y cumplir sus deberes educativos.
3.11. El reconocimiento de ese derecho de no-escolarización y la aceptación y, en su caso,
regulación de otras vías para educarse y educar no pueden hacerse depender del número
mayor o menor de quienes estén en condiciones de seguir esos procedimientos educativos no
escolarizadores (auto- o heteroeducativos) y quieran hacerlo. (Aunque la escolarización
todavía por mucho tiempo resulte para muchas personas vía necesaria y para la mayoría, en
todo caso, vía preferida para alcanzar un determinado nivel de educación, será también cada
día más significativo el número de quienes puedan y quieran seguir otras vías para sus hijos o
para sí mismos).
3.12. Una de esas vías u opciones, distintas de la escolarización, es la de la “educación en
casa” o “en el hogar” o “en familia” o de “la escuela en casa”, sin escolarización
(homeschooling) que algunos padres, en número significativamente creciente, prefieren para
sus hijos. Optar por ese modelo es uno de los legítimos modos de ejercicio del derecho
preferente que tienen los padres a decidir el tipo de educación que han de recibir sus hijos.
3.13. No puede decidirse ni afirmarse con carácter general, a priori, en abstracto, si los
objetivos de la educación básica se alcanzan mejor y más fácilmente mediante la
escolarización o, al margen de ésta, “en familia”. Esto ha de decirse incluso en relación con el
objetivo de la “socialización” que pueden lograr plenamente también quienes se educan en
familia, sin escolarización, mediante relaciones intra- e interfamiliares y tanto mediante la
convivencia intergeneracional como la intrageneracional.
3.14. Si la escolarización no tiene sentido, ni se daría, sino como medio de adquirir un
determinado nivel de educación23, la educación, en cambio, tiene pleno sentido y es
obviamente posible en todas sus dimensiones y objetivos, incluida la socialización, sin
escolarización.
3.15. En todo caso, resulta fundamental y decisivo tener en cuenta que educación y
escolarización son no sólo dos conceptos y dos realidades distintas, sino, además, dos
realidades… fáctica y legítimamente separables… y hasta tal punto que, en ocasiones, las
exigencias de una y otra pueden entrar en pugna. (Tan obvia resulta teóricamente la distinción
entre educación y escolarización que puede parecer superflua tanta insistencia en ella. Lo
cierto es que de hecho resulta ignorada, olvidada o implícitamente negada en supuestos
teórico-prácticos que hasta ahora pasan por indiscutibles o, al menos, nadie parece atreverse a
discutir).
23 Esto no deja de ser así por el hecho de que, como alguien puede señalar, la escolarización se da hoy en determinados
niveles como mero “aparcamiento” de jóvenes que sin ella estarían incluidos en el número de los parados.
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Página 11 de 363.16. La confusión de enseñanza básica obligatoria con escolarización obligatoria se
encuentra entre nosotros de tal modo extendida y arraigada que funciona como una evidencia
compartida de modo casi unánime en la sociedad española, con independencia de las
diferencias académicas, culturales, económicas y sociales. Esa falsa identificación de
enseñanza obligatoria y escolarización viene a ser asumida como verdad indiscutible y como
supuesto seguro aun en ámbitos en los que cabría esperar que fuera pasada por una crítica
doctrinal rigurosa, como es el caso de los órganos judiciales en asuntos en los que juegan un
papel central estos conceptos. Este fenómeno puede explicarse y, en todo caso, verse
favorecido por el hecho de que la confusión conceptual de que se trata se encuentra aceptada
y alimentada por la misma legislación educativa. En efecto…(v. tesis 17)
3.17. Son las propias leyes educativas las que incurren en la grave confusión de enseñanza
básica obligatoria con escolarización, al incluir la escolarización como un elemento esencial
del contenido mismo de educación básica24. Las mismas normas legales que establecen la
estructura del sistema educativo, determinan y definen los distintos niveles o tramos del
proceso educativo por referencia no ya a los años que (en condiciones normales, se entiende)
será preciso invertir para alcanzar el respectivo nivel de formación, sino por la
correspondencia, año a año, entre esos diversos tramos o niveles (ciclos / cursos) y la edad de
quienes lo recorren25. Como esa correspondencia sólo tiene pleno sentido en el caso de
quienes siguen la vía de la escolarización ordinaria, la ley al definir de ese modo los distintos
niveles educativos viene a dar por supuesta y a imponer la vía de la escolarización como única
legítima para recorrerlos. Y de este modo se establece una exigencia que ni la Constitución
contiene, ni de ésta se deriva necesariamente, ni el legislador puede imponer sin detrimento
del derecho educativo fundamental de los padres a decidir el tipo de educación que han de
24 Así lo entienden de modo palmario según lo recoge el TC, sin que le merezca esto ninguna precisión ulterior, el Juzgado
de Primera Instancia núm. 2 de Coín y la Audiencia Provincial de Málaga, pues para ambos órganos judiciales “la
escolarización obligatoria está integrada en el contenido mismo del derecho a la educación (art.27.1 CE)” (STC 133/2010, FJ
1).
25 Hay casos en que los propios términos de la norma exhiben de modo palmario la confusión que albergan entre enseñanza
y escolarización. El art. 9 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que era la vigente en
el momento en que se plantea el caso al que se refiere la Sentencia del TC que suscita nuestros actuales comentarios,
establecía que la enseñanza básica, obligatoria y gratuita (art. 27.4 CE) “incluye diez años de escolaridad”, de tal manera que
se “iniciará a los seis años de edad y se extenderá hasta los dieciséis”. Con anterioridad la LOGSE, en su artículo 5.1 después
de establecer que la educación básica queda constituida por la educación primaria y la educación secundaria, denominada a
estos efectos, también correctamente, “obligatoria”, añade: “La enseñanza básica comprenderá diez años de escolaridad,
iniciándose a los seis años y extendiéndose hasta los dieciséis”. Y la misma previsión se arrastra hasta la actualmente vigente
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, art. 4.2. De tal modo está presente, extendida y arraigada esa confusión
educación-escolarización que aun los más duros críticos de la LOGSE hacen siempre la salvedad de que no puede negársele
el “mérito” de haber extendido la enseñanza obligatoria hasta –adviértase– los dieciséis años. No dicen “hasta incluir en
ella la primera etapa de la secundaria”, sino hasta … “los dieciséis años”. Resulta así directa y claramente alabada la
obligatoriedad de la escolarización hasta esa edad (sin advertir por cierto que esa extensa escolaridad ya la hacía obligatoria
en 1970 la Ley General de Educación). Pero las presentes consideraciones no sólo permiten, sino que obligan a poner en
cuestión ese tópico elogio acríticamente repetido por unos y otros. ¿Acaso se aceptaría como legítima la imposición de la
escolarización a edades cada vez más altas a medida que aumentaran las exigencias de la educación básica? ¿Hasta qué edad
sería legítima esa imposición de la escolarización? ¿Con qué criterios se determinaría esa edad? Si las razones que algunos
pueden invocar para aceptar como legítima la escolaridad obligatoria fueran válidas, serían válidas –adviértanlo– hasta el
absurdo de justificar espacios (campos, centros) de concentración educativos a los que podría legítimamente ser conducido
por la fuerza cualquier ciudadano que con edad declarada “escolar”, se encontrara, en horas lectivas, en el pacífico disfrute
de cualquier otro espacio público o privado… […] Algunos, aunque no se atrevan a manifestarlo, pueden ya aceptar, al
menos, que esa obligación no debe hacerse extensiva más allá de determinadas edades. En nuestra tesis –repitámoslo– la
legitimidad o ilegitimidad de la imposición de la escolaridad obligatoria no depende de la edad de aquellos sobre los que
recaiga. Esa imposición sería, a nuestro juico, ilegítima a cualquier edad” (Cf. González Vila, Teófilo, “Educación
obligatoria y escolarización voluntaria”, en Escuela Española. Periódico profesional de Educación. Nº 3487, 22 de marzo de
2001, pp. 17-19).
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Página 12 de 36recibir sus hijos, derecho que ha de entenderse referido no sólo a los contenidos y objetivos
de la educación sino asimismo al ámbito y condiciones en que ésta en cada caso ha de
impartírseles.
3.18. Esa confusión-fusión de enseñanza básica obligatoria con escolarización obligatoria
que la propia Ley refleja, asume y robustece con su autoridad, constituye la fuente de otros
gravísimos errores teórico-prácticos de los que las políticas educativas adoptadas en España
ofrecen desgraciadamente abundantes ejemplos, como el de dificultar el ejercicio del derecho
a la educación en aras del dogma de la obligada escolarización ordinaria de todos26. Esa
confusión no sólo da origen a tópicos que obstaculizan la adecuada solución a algunos serios
problemas educativos, sino que, en último término conduce a prácticas en las que la
escolarización, en cuanto objeto, unas veces, de un derecho y, otras, de una obligación,
termina por prevalecer, en una grave inversión jerárquica, sobre derechos y libertades
fundamentales.
4. El Tribunal Constitucional, su llamativa doctrina sobre los derechos educativos
de los padres y la opción de la homeschooling.
Es imprescindible tener en cuenta las precisiones y consideraciones hasta ahora
expuestas, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en una concepción reductiva,
constitucionalmente, al menos, “problemática”, tanto de la libertad de enseñanza como del
derecho a la educación. Y, a este respecto, no dejan de producir admiración algunas
afirmaciones del TC, 27 sobre la libertad de enseñanza de los padres, sobre el derecho que
éstos tienen a decidir el tipo de educación de sus hijos, así como en concreto sobre la
legitimidad del ejercicio de ese derecho mediante la opción de la homeschooling.
El TC, por una parte, adopta una concepción de los derechos educativos de los padres
tan restrictiva que no puede por menos de suscitar admiración atendidos los mismos términos
en que la expone y, en clara correspondencia con esa su concepción minimalista de los
derechos y libertades fundamentales en juego, minimiza hasta considerarla
constitucionalmente irrelevante la restricción que la imposición de la escolarización
26 Así, p.e., cuando la forzada escolarización ordinaria de quienes por razones patológicas clínicas no están en condiciones
de tal escolarización redunda en grave impedimento para el ejercicio de su derecho a la educación de otros escolarizados y
aun del mismo presunto beneficiario de esa escolarización por encima de todo impuesta desde instancias oficiales. “La
insostenible inversión mediante la cual se hace prevalecer la escolarización sobre la educación es también y en muy buena
media resultado y expresión de presupuestos ideológicos extraeducativos. En la Educación, donde los procesos son tan lentos
como profundos y no se perciben de inmediato los bienes o daños que producen los “experimentos”, hay quienes han visto un
ámbito privilegiado para simplistas ensayos igualitaristas cuyos presuntos beneficiarios resultan ser siempre sus más seguras
víctimas. Ciertamente con un “discurso” como éste habrá quien pretenda cubrir o aun justificar injustas discriminaciones.
Pero hemos de evitar caer, por el lado contrario, en el erróneo supuesto de que toda diferencia es injusta desigualdad. La
obligada atención a la diversidad, exigencia de la justicia educativa, requiere situar a cada uno en las condiciones de
escolarización adecuadas a su caso. Aquí sí que se impone la exigencia de dar “a cado uno según sus necesidades”. La
igualdad que ha de garantizarse en la educación es justo la que consiste en hacer que todos y cada uno tengan las mismas
posibilidades de cultivar con el más alto grado posible de excelencia la propia diferencia. Si nos empeñamos en que todos
tienen las mismas posibilidades y, en este caso, las mismas necesidades (incluida la de una escolarización en centros
“ordinarios”) no hacemos sino abandonar a su “diferente” suerte a los más débiles..” (González Vila, ibídem).
27 Contenidas en la STC 133/2010, de 2 de diciembre de 2010 (BOE de 05.01.2011), dictada en el recurso de amparo
7509-2005, respecto de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga que confirma en apelación la dictada por
el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Coín, mediante la que se ordenaba la escolarización en el ciclo escolar básico de
los hijos menores de los demandantes de amparo, que recibían enseñanza en su propio domicilio.
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Página 13 de 36obligatoria de todos los ciudadanos de determinadas edades opera sobre el margen de
ejercicio del derecho de los padres a decidir el tipo de educación de sus hijos. Desde la
perspectiva de algunos, la doctrina del TC al respecto podría calificarse como
conservadoramente-progresista en cuanto vinculada a presupuestos o dogmas que rezuman
cierto paternalismo estatista (en ese sentido, según la mentalidad de algunos, progresista) y
que resulta en realidad retardatario (conservador en el sentido menos positivo) de un proceso
de progresivo ensanche democrático de las posibilidades de ejercicio de las libertades
públicas.
Los padres que deciden llevar a cabo la educación básica obligatoria de sus hijos “en
casa”, sin escolarización, consideran que para adoptar esa opción les ampara la libertad de
enseñanza y el derecho que tienen constitucionalmente reconocido para decidir el tipo de
educación que han de recibir sus hijos. Para el TC, por el contrario, según afirma de modo
general y tajante:
“la invocada facultad de los padres de elegir para sus hijos una educación ajena al
sistema de escolarización obligatoria por motivos de orden pedagógico no está
comprendida, ni siquiera prima facie, en ninguna de las libertades constitucionales
que la demanda invoca y que el art. 27 CE reconoce” 28
Y esto sería así a partir del contenido mismo de los derechos y libertades invocados tal
como el propio TC lo entiende29 y expone en términos que no dejarán de provocar cierta
extrañeza en quien los conoce. El TC no parece tener en cuenta la identidad conceptual
material de la realidad a la que se refieren los términos educación y enseñanza en el contexto
de la Constitución según las consideraciones léxico-conceptuales expuestas en el primer
momento del presente trabajo. Esto explica que aísle no sólo expositiva, sino
conceptualmente, la libertad de enseñanza (CE 27.1) de los padres y el derecho que
específicamente les reconoce el artículo 27.3 de la misma Constitución, único precepto
constitucional con el que parece relacionar el concepto de tipo de educación y el derecho de
los padres a decidir el que ha de seguirse en la educación de sus hijos30. Veamos.
4.1.
El Tribunal Constitucional y la libertad de enseñanza de los padres.
-No puede, ciertamente, dejar de sorprender que, para este Tribunal, la libertad de
enseñanza (art. 27.1 CE) de los padres se circunscriba a 1) habilitarles, “como a cualquier
persona, a enseñar a otros, en este caso a sus hijos, tanto dentro como fuera del sistema de
enseñanzas oficiales” y 2) a “la libertad de creación de centros docentes (art. 27.6 CE)”,
libertad que, por cierto, corresponde asimismo a cualesquiera personas físicas o jurídicas.
Merecen sin duda ser reproducidos los exactos términos empleados por el TC, según el cual:
“la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) de los padres, … habilita a éstos, como a
cualquier persona, a enseñar a otros, en este caso a sus hijos, tanto dentro como fuera
del sistema de enseñanzas oficiales. En lo que respecta a la enseñanza que se
28 STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 5, initio.
29 O, con términos empleados poco después por el mismos TC, “la correcta delimitación del contenido de los derechos
constitucionales invocados por los recurrentes” (STC 133/2010, FJ 6, initio).
30 A tipo de educación (kind of education / genre d´éducation / genere di istruzione / Art der Bildung) se refiere el art. 26.3
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Página 14 de 36desarrolla al margen de este último, las resoluciones impugnadas y las normas que
éstas aplican no impiden en modo alguno que los recurrentes enseñen libremente a
sus hijos fuera del horario escolar. Por lo que atañe a la enseñanza básica, la libertad
de enseñanza de los padres encuentra su cauce específico de ejercicio, por expresa
determinación constitucional, en la libertad de creación de centros docentes (art.
27.6 CE). La libertad de enseñanza de los padres se circunscribe en este contexto, por
tanto, a la facultad de enseñar a los hijos sin perjuicio del cumplimiento de su deber
de escolarización, de un parte, y a la facultad de crear un centro docente cuyo
proyecto educativo, sin perjuicio de la inexcusable satisfacción de lo previsto en el
art. 27.2, 4, 5 y 8 CE, se compadezca mejor con sus preferencias pedagógicas o de
otro orden”31 .
No deja de resultar inquietante que se considere respetada la libertad de enseñanza que
corresponde a los padres, en cuanto tales, por el mero hecho de que no se les impida enseñar a
sus hijos “fuera del sistema de enseñanza oficiales”. ¿Cómo habría de ser tipificada una
situación jurídico-política en que se les impidiera esa enseñanza también fuera del sistema
escolar? ¿De veras no les habilita a los padres título alguno para intervenir en modo alguno en
la enseñanza que sus hijos reciben en “el sistema de enseñanzas oficiales” ni sobre el modo,
escolarizado o no, p.e., en que esas enseñanzas hayan de serles impartidas?
4.1.1. Según el TC, la libertad de enseñanza habilita a los padres, “como a cualquier
persona, para “enseñar” a sus hijos.
No puede por menos de suscitar “admiración”, una vez más, que, para el TC, la libertad
de enseñanza no habilite a los padres en relación con sus hijos sino, “como a cualquier
persona” para enseñar a éstos –¿y como a cualesquiera otros –podríamos preguntar– que
no fueran sus hijos? En relación con la educación de los propios hijos, la libertad de
enseñanza que corresponde a los padres ¿no se diferencia específicamente en nada de la
libertad de enseñanza que corresponde en general a todos los demás…? Sólo podrá decirse
que no se diferencia en nada si se separan, por un lado, la libertad de enseñanza de los padres
y, por otro, el derecho preferente que éstos tienen a decidir el tipo de educación–¡y, por lo
mismo, de enseñanza!– que ha de impartirse a sus hijos! Y eso es lo que, con inevitable
sorpresa nuestra, viene a hacer el TC, que no tiene en cuenta la equivalencia nocional de
educación y enseñanza en el contexto del artículo 27 de la Constitución (puesta ya de
manifiesto en consideraciones precedentes) y para el que, en relación con la enseñanza de
unas determinadas personas, la diferencia, entre quienes sean los padres y quienes no, estaría
simplemente en el deber que aquéllos tienen de escolarizarlas si están en la edad en que la ley
exige que lo estén.
4.1.2. Según el Tribunal Constitucional, el derecho educativo de los padres quedaría
a salvo con sólo no impedirles “influir” (¡!) en la educación de sus hijos.
A este respecto, se pronuncia el dicho tribunal en términos aun más “admirables” que
algunos ya transcritos y dignos, con más razón, si cabe, de ser reproducidos. Si ya nos ha
dicho el máximo intérprete institucional de nuestra Constitución que la libertad de enseñanza
faculta a los padres para enseñar a sus hijos, lo mismo que a quienes no sean los padres,
31 STC 133/2010, FJ 5, a.
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Página 15 de 36concretará su concepción sobre el alcance del en todo caso particular derecho educativo de los
padres, al afirmar que:
“el alcance de la restricción operada por la decisión de configurar la enseñanza básica
como un periodo de escolarización obligatoria en el contenido protegido por el derecho
de los padres reconocido en los arts. 27.1 y 3 CE ha de ser en todo caso relativizado en
la medida en que, …, no impide a estos influir en la educación de sus hijos, y ello tanto
fuera como dentro de la escuela:…”32
Según esto, pues, el derecho educativo de los padres se reduciría esencialmente a influir
en la educación de sus hijos. Pero una vez más resulta inevitable preguntar si ese influjo
educativo de los padres en la educación de sus hijos es como el que pueden ejercer en ella
otros muchos sujetos y agentes educativos dentro y fuera de la escuela (amigos de la pandilla,
vecinos, transeúntes, comunicadores televisivos, cantantes famosos, “ases” del fútbol etc.
etc.)? ¿Acaso ese influir que les corresponde a los padres en la educación de sus hijos no es un
específico influir? ¿En qué consistiría lo específico del educativo influir de los padres sobre
los hijos…? ¿De qué modo, con qué fuerza, por qué medios podrán ejercer los padres ese
derecho que se les reconoce simplemente a “influir”?
A estas preguntas ya nos ha dado antes el TC una primera respuesta cuando, después de
señalar que la libertad de enseñanza de los padres en relación con sus hijos es la misma que
habilita a cualquier persona para enseñar a cualquiera otra, advierte que, en todo caso, a los
padres les incumbe precisamente la obligación de escolarizar a sus hijos, obligación que no
recae, en cambio, sobre quienes no son los padres de las personas en edad escolar de que se
trate. Pero ahora, a continuación del inspirado texto inmediatamente antes transcrito el
Tribunal ofrece otros originales elementos de respuesta a quien pregunte en qué consistiría lo
específico de la influencia educativa que sobre sus hijos tienen derecho a ejercer los padres.
Nos aclara, en efecto, el alto Tribunal que los padres pueden ejercer su influencia educativa
sobre los propios tanto dentro como fuera de la Escuela ¿De qué modo? Veamos.
4.1.2.1. Dentro de la escuela pueden los padres, según concede el TC, ejercer su
derecho a ¡influir! en la educación de sus hijos “porque los poderes públicos siguen siendo
destinatarios del deber de tener en cuenta las convicciones religiosas particulares”33 Y no se
dice más al respecto. En este momento, pues, el TC sólo tiene en cuenta el derecho que se
reconoce a los padres en el apartado 3 del artículo 27 de la Constitución. Ha dejado de tener
en cuenta los derechos que amparan a los padres en virtud de apartado primero de ese mismo
artículo constitucional. Por otra parte, aun si nos ceñimos al art. 27. 3 de la Constitución, es
preciso tener en cuenta que, atendidos los estrictos términos de ese precepto constitucional, el
derecho allí reconocido a los padres es el derecho a que sus hijos “reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”, y sorprende, por eso, que el TC
en este momento se remita sólo al que podríamos decir “reflejo” de ese derecho en el
correspondiente deber de los poderes públicos, esto es, en el hecho de que los poderes
públicos “siguen siendo34 destinatarios del deber de tener en cuenta las convicciones
religiosas particulares”. Siendo el que es, según los términos poco antes transcritos, el derecho
32STC 133/2010, FJ 8, c, p.123
33 Ibidem.
34 Alguien maliciosamente podría pensar que el redactor escribe bajo una restricción mental que se expresaría con un “por
ahora”…
AAA-GANZ-EDU-OBLI-ESCO-VOLUN(POST-STC-133-2010)-TGV-27.06.2011
Página 16 de 36reconocido a los padres en el art. 27.3 de la Constitución, el correspondiente deber de los
poderes públicos tampoco parece que pueda considerarse reducido, como ocurre en estas
rebajadas consideraciones del alto Tribunal, a un simple “tener en cuenta las convicciones
religiosas particulares”, sino el deber de hacer efectivamente posible y favorecer “la
formación religiosa y moral” de los educandos “de acuerdo con” esas “convicciones” de los
respectivos padres.
4.1.2.2.Y fuera de la escuela, pueden asimismo, según el TC, los padres ejercer su
derecho a ¡influir! en la educación de sus hijos, “porque los padres continúan siendo libres
para educar a sus hijos — así literalmente lo señala con su autoridad el TC– después del
horario escolar y durante los fines de semana” 35 (¡!) Ante estas generosas concesiones
respecto de los momentos en que los padres pueden “influir” en la educación de sus hijos, nos
atreveríamos a preguntar respetuosamente si pueden o no los padres ejercer esa influencia
educativa sobre sus hijos también antes del horario escolar y durante períodos no lectivos
(“puentes”, “fiestas varias”, “vacaciones” etc.) que no sean fines de semana…, pese a que
estos otros tiempos no aparezcan expresamente incluidos por el dicho alto Tribunal en su
“detallada” especificación de los abiertos a la acción educativa de los padres.
En todo caso, el TC, después de consideraciones como las inmediatamente
precedentes, viene a concluir que en el caso de que se trata, con la imposición de la
escolarización obligatoria, “el derecho de los padres a educar a sus hijos de conformidad con
sus convicciones morales y religiosas no resulta completamente desconocido”36 . Y de nuevo
resulta, ante esto, aconsejable preguntar, con el debido respeto, claro es, si un derecho queda
suficientemente respetado con tal que no resulte “completamente desconocido” o, en otros
términos, si puede decirse que resulta respetado cuando queda bastante desconocido o apenas
conocido.
4.1.3. La libertad de enseñanza de los padres y la creación de centros docentes.
Aparte la posibilidad de enseñar a sus hijos e influir en su educación en los términos
que se han expuesto, el TC advierte que los padres pueden ejercer su libertad de enseñanza
mediante la creación de centros docentes37. Pero es ésta, la de crear centros docentes, una
facultad que corresponde a los padres en la medida en que, a tenor del apartado 6 del artículo
27 de la Constitución, ha de reconocer, como exigencia y expresión de la libertad de
enseñanza, a todas las personas físicas y jurídicas. Y esto, en suma, quiere decir que, para
ejercer su derecho a decidir el tipo de educación de sus hijos, no se les reconocen a los padres
otras alternativas que la de escolarizarlos en centros ya existentes o la de escolarizarlos, si
éstos no les satisfacen, en centros que ellos creen, con exclusión radical de la posibilidad de
que impartan ellos mismos a sus hijos una educación básica no escolarizada. Con lo cual no
parece que ese derecho esté entre aquellos cuyo ejercicio se quiera facilitar, sino, más bien,
entorpecer, quizá porque se está en el supuesto –absolutamente discutible—de que sólo la
enseñanza escolarizada garantiza el logro de los fines que la educación debe perseguir.
35STC 133/2010, FJ 8, c.
36 Ibidem.
37 “Por lo que atañe a la enseñanza básica, la libertad de enseñanza de los padres encuentra su cauce específico de ejercicio,
por expresa determinación constitucional, en la libertad de creación de centros docentes (art. 27.6 CE)” (STC 133/2010, FJ
5). Respecto de la restricción que la escolarización obligatoria opera sobre el derecho de los padres a decidir el tipo de
educación de sus hijos, el TC niega que resulte “manifiestamente excesiva en tanto que los padres pueden ejercer su libertad
de enseñanza a través del derecho a la libre creación de centros docentes (art. 27.6 CE)” (STC 133/2010, FJ 8, c.)
AAA-GANZ-EDU-OBLI-ESCO-VOLUN(POST-STC-133-2010)-TGV-27.06.2011
Página 17 de 364.2.
El derecho de los padres a decidir el tipo de educación de sus hijos: su
contenido y alcance, según el Tribunal Constitucional.
-Al considerar de modo específico la libertad de enseñanza o derecho educativo de los
padres como derecho a decidir el tipo de educación de sus hijos, el TC entenderá asimismo,
en términos que no podrán dejar de causar una vez más cierta desazón, que ese derecho se
limita a:
-1) la libertad de elegir centro docente y
-2) al “derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE)”38 .
Pero no pude dejar de constituir un fundado motivo de lamento el que el Tribunal en
este caso haya dejado de tener en cuenta al menos las siguientes elementales consideraciones:
a) que hay otros modos en que pueden los padres ejercer ese su derecho educativo
distinto del de elección de centros;
b) que la elección de centro resulta “físicamente” imposible a los muchos padres que
se encuentran ante el hecho de que en su ámbito y circunstancias no hay centros entre los que
elegir;
c) que un modelo o tipo de educación no viene determinado solamente por la
formación religiosa y moral39 .
-3) En tercer lugar, señalará aquí otra vez el TC, los padres podrán ejercer ese derecho
a decidir el tipo de educación de los propios hijos mediante la creación de centros docentes.
Así, pues, cuando unos padres consideren que el tipo de educación que quieren para sus hijos
no se encuentra en los centros docentes existentes, públicos o privados, a los que puedan
acceder, el TC no aceptará que estén legitimados para asumir ellos de modo inmediato,
sistemático e integral, la educación básica de sus hijos “en casa” (la vía de la homeschooling),
sino que les indicará como única vía constitucionalmente admisible la de crear un centro
docente en el que se desarrolle su tipo de educación preferido. Y el que los padres tengan esa
facultad, de tan difícil ejercicio, para crear centros docentes (al igual, como se ha dicho, que
la tiene cualquier otra persona) le basta al TC para negar que “resulte manifiestamente
excesiva” 40 la restricción operada por la imposición de la escolarización obligatoria sobre el
38 “Efectivamente, en lo que respecta a la determinación por los padres del tipo de educación que habrán de recibir sus
hijos, ese derecho constitucional se limita, de acuerdo con nuestra doctrina, al reconocimiento prima facie, de una libertad de
los padres para elegir centro docente (ATC 382/1996, de 18 de diciembre, FJ 4) y al derecho de los padres a que sus hijos
reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE)” (STC 133/2010, FJ
5,b).
39 En la STC 133/2010, FJ 6, el TC parece querer entender que los elementos o componentes que determinan un concreto
tipo de educación son exclusivamente los de índole religiosa o filosófica y no también los de naturaleza pedagógica, pese al
expreso tenor del artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No podemos entrar aquí en la
discusión de ese reductivo concepto de tipo de educación. Baste decir que las consideraciones del TC al respecto no obligan a
admitirlo con la fuerza de argumentos incontrovertibles.
40STC 133/2010, FJ 8, c.- El TC se refiere al “contenido protegido por el derecho de los padres reconocido en los arts. 27.1
y 3 CE” (ibídem) y de modo inmediato, mediante cita de TEDH, al derecho a “ejercer sobre sus hijos las funciones de
AAA-GANZ-EDU-OBLI-ESCO-VOLUN(POST-STC-133-2010)-TGV-27.06.2011
Página 18 de 36derecho a decidir el tipo de educación de los propios hijos. “Efectivamente, era ésta [la de la
creación de centros docentes], –insiste con celoso empeño e imponente seguridad el
Tribunal– y no la que representa el incumplimiento del deber legal de escolarizar a sus hijos,
la opción constitucional abierta a los recurrentes como vía de plasmación de su distinta
orientación educativa…”41. El Tribunal no verá en la homeschooling sino el incumplimiento
de un deber legal y en la creación de centros docentes no una opción para el ejercicio del
derecho parental de que se trata sino “la” opción y en ese sentido única que le está permitida
a los padres para ejercer el derecho de que se trata.
Más allá del contenido que, según lo expuesto, le atribuye el propio TC, “el derecho a
la educación –se concluirá– en su condición de derecho de libertad no alcanza a proteger,
siquiera sea prima facie, una pretendida facultad de los padres de elegir para sus hijos por
razones pedagógicas un tipo de enseñanza que implique su no escolarización en centros
homologados de carácter público o privado”42 .
4.3.
El Tribunal Constitucional da por buena la legislación que confunde
enseñanza obligatoria con escolarización obligatoria y no permite la “educación
en casa” sin escolarización (homeschooling).
Cuando el TC entiende de modo tan originalmente restrictivo, como hemos visto, los
derechos educativos de los padres, no puede extrañar que considere carente de “relevancia
constitucional” la restricción que para tales derechos pueda suponer la imposición de la
escolarización obligatoria43. El alto tribunal llega a considerar “comprobado”, de acuerdo con
educadores propias de su condición parental” y a “guiar a sus hijos hacia un camino que resulte conforme con sus propias
convicciones religiosas o filosóficas” (véase, mutatis mutandis, Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen v. Dinamarca, cit., pp.
27-28, apartado 54; Efstratiou v. Grecia, Sentencia de 18 de diciembre de 1996, Repertorio de Sentencias y Decisiones,
1996-VI, p. 2359, apartado 32)» (Caso Konrad v. Alemania, Decisión de admisibilidad de 11 de septiembre de 2006, núm.
35504-2003).
41 STC 133/2010, FJ 8, c.. “y ello –se añade en el mismo lugar– por más que en su articulación debiera garantizarse en
todo caso, como no podría ser de otra manera en virtud del art. 27, apartados 2, 5 y 8 CE, el respeto, «[d]entro del marco de
los principios constitucionales, [de] los derechos fundamentales, del servicio a la verdad, a las exigencias de la ciencia y a las
restantes finalidades necesarias de la educación mencionadas, entre otros lugares, en el art. 27.2 de la Constitución y en el art.
13.1 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en cuanto se trate de centros que, como
aquellos a los que se refiere la Ley que analizamos, hayan de dispensar enseñanzas regladas, ajustándose a los mínimos que
los poderes públicos establezcan respecto de los contenidos de las distintas materias, número de horas lectivas, etc.» (STC
5/1981, de 13 de febrero, FJ 8)” (STC 133/2010, ibídem). El TC se remite aquí a su primera Sentencia sobre asuntos
educativos, la STC 5/1981, para recordar que en todo caso, el tipo de educación por el que opten los padres deberá siempre
ajustarse a las exigencias que se indican, lo cual, por cierto, no puede decirse que pongan en cuestión quienes consideran que
la opción de la educación en casa o homeschooling debe estar reconocida y regulada por la Ley.
42 STC 133/2010, FJ 5, in fine. Obviamente se trata de afirmaciones cuya validez no parece contar con la autoridad racional
de los argumentos o consideraciones concomitantes, sino con la mera institucional del alto órgano que las emite. Pareciera
que se da por supuesto lo que habría de ser probado. En otro orden de consideraciones cabe señalar la predilección del
redactor de la STC 133/2010 por la expresión “prima facie” (Cf. STC 133/2010, FJ 5, initio y b.). En este caso llama la
atención el uso que hace de ella, pues nadie ha pretendido que el derecho de libertad educativa de los padres para decidir el
tipo de educación de sus hijos incluya prima facie el concreto modo de ejercer ese derecho que supone la opción por “la
educación en casa” (en el sentido técnico de homeschooling) o el que sería derecho-a-no-escolarizar a sus hijos (o al menos la
no-obligación de escolarizarles). Lo que se sostiene es que un examen del contenido del derecho de los padres a decidir el
tipo de educación de sus hijos conduce a ver comprendido en ese fundamental derecho ciertamente ultra primam faciem, pero
sin esfuerzo, el derecho a ejercerlo mediante la modalidad de la llamada homeschooling.
43 Para el TC, en efecto, “la correcta delimitación del contenido de los derechos constitucionales invocados por los
recurrentes conduce, de acuerdo con la doctrina constitucional vertida hasta la fecha, a negar que la imposición del deber de
escolarización a través del art. 9 LOCE, cuya efectividad ha hecho valer la jurisdicción a través de las resoluciones
impugnadas en este recurso, llegue a tener relevancia constitucional” (STC 133/2010, FJ 6, initio).
AAA-GANZ-EDU-OBLI-ESCO-VOLUN(POST-STC-133-2010)-TGV-27.06.2011
Página 19 de 36sus propias consideraciones, que “esa configuración legislativa” que impone la escolarización
obligatoria, no afecta en el caso presente a los derechos constitucionales de los padres (art.
27.1 y 3 CE)”44. Pero tan difícil es afirmar que la imposición de la escolarización obligatoria,
carece de relevancia constitucional o que, sin más, no afecta a los derechos educativos de los
padres que, no obstante esas tajantes afirmaciones, no puede dejar de reconocer el mismo TC
que, en efecto, la escolarización obligatoria lleva consigo una restricción de esos derechos.
Por eso insistirá no tanto en negar que tal restricción se dé, como en tratar de demostrar que
esa restricción tiene un peso mínimo45, que no sólo estaría legitimada sino aun exigida por
determinados preceptos contenidos en el mismo artículo 27 de la Constitución, se atiene
asimismo a las exigencias del principio de proporcionalidad, y esto con que simplemente el
derecho afectado no resulte “completamente desconocido”46, según parece bastarle al alto
Tribunal.
4.3.1. Según el Tribunal Constitucional, la imposición de la escolarización
obligatoria no está, según reconoce, exigida, pero tampoco, según sostiene,
prohibida en la Constitución.
El propio Tribunal reconoce que la Constitución no confunde enseñanza básica
obligatoria con escolarización obligatoria47 y por eso resulta especialmente descorazonador
que, en último término, llegue a dar por buena la legislación que establece tal confusión.
Según los propios términos del TC, en efecto:
“El art. 27.4 CE dispone que la enseñanza básica será obligatoria, pero no precisa
que ésta deba configurarse necesariamente como un periodo de escolarización
obligatoria” 48
Paladinamente reconoce el TC que:
“ésta —la de la escolarización obligatoria— no es una opción que venga en todo caso
requerida por la propia Constitución que, efectivamente, no consagra directamente
el deber de escolarización, ni mucho menos otros aspectos más concretos de su
44
“Según se ha comprobado, —leemos ya en los últimos momentos de la STC tantas veces citada— esa configuración
legislativa no afecta en el caso presente a los derechos constitucionales de los padres (art. 27.1 y 3 CE), e incluso en el caso
de que así lo hiciera habría de considerarse una medida proporcionada que encuentra justificación en la satisfacción de otros
principios y derechos constitucionales (art. 27.1 y 2 CE)” (STC 133/2010, FJ 9, initio). Resulta sin duda llamativo que esa
resuelta afirmación de que la imposición de la escolarización obligatoria “no afecta en el caso presente a los derechos
constitucionales de los padres” la haga el TC después de haberse esforzado en ofrecer sus consideraciones precisamente para
sostener la viabilidad constitucional y la proporcionalidad de la restricción que experimentan en este caso tales derechos, lo
cual no parece que permita decir que la norma de que se trata no les afecta, sin más y cuando, inmediatamente después
admite la posibilidad de que en efecto sí les afecte (por más que sea en un grado, según el propio Tribunal quiere,
proporcionado y, en último término, constitucionalmente inobjetable.
45 Tal restricción, se nos dirá, debe ser relativizada (FJ 8), no es manifiestamente excesiva (Ibidem), no resulta
desproporcionada (FFJJ 7 y 8) y constituye, en suma, un límite constitucionalmente viable (e.s., FJ 7). El conjunto de todas
esas manifestaciones “minimizadoras” del peso de esa restricción no suple con el impacto que, acumuladas, puedan producir
en la “sensibilidad” de algunos la fortaleza argumentativa que un examen riguroso de las consideraciones correspondientes
podrá echar de menos.
46STC 133/2010, FJ 8, c.
47 Cf. supra la tesis n.4 en el apartado “Dieciocho tesis sobre educación y escolarización”.
48 STC 133/2010 FJ 7, a.
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Página 20 de 36régimen jurídico como, por ejemplo, la duración del periodo sobre el que ha de
proyectarse o las circunstancias excepcionales en las que dicho deber pueda ser
dispensado o verse satisfecho mediante un régimen especial”
49
.
Por todo lo cual, evidentemente y en términos, una vez más, del propio TC:
“a la vista del art. 27 CE, no cabe excluir otras opciones legislativas que incorporen
una cierta flexibilidad al sistema educativo y, en particular, a la enseñanza
básica…”
50
.
No obstante, en último término, el legislador, a juicio del TC, podrá optar por una
configuración del sistema que excluye la posibilidad de alternativas dotadas de esa
flexibilidad de la que se hablaba. Los términos son inequívocos al respecto:
“la decisión del legislador de imponer a los niños de entre seis y dieciséis años el
deber de escolarización en centros docentes homologados –y a sus padres el
correlativo de garantizar su satisfacción– lejos de ser una operación de pura
ejecución constitucional, es una de las posibles configuraciones del sistema entre las
que aquél puede optar en ejercicio del margen de libre apreciación política que le
corresponde en virtud del principio de pluralismo político”51 .
Por eso –y así quedaría sintetizada la posición del TC al respecto–, aunque la
Constitución no precise que la enseñanza obligatoria (CE 27.4) deba configurarse como un
período de escolarización obligatoria, “no prohíbe al legislador democrático configurar la
enseñanza básica obligatoria (art. 27.4 CE) como un periodo de escolarización de duración
determinada”52.
4.3.2. En todo caso, el Tribunal Constitucional no corrige la confusión entre
enseñanza básica obligatoria y escolarización obligatoria en que incurren otros
órganos judiciales o las mismas leyes.
Según la posición sostenida por los órganos judiciales que han dictado las resoluciones
sometidas al alto Tribunal en el caso al que se refiere la STC 133/201053, posición de la que
éste toma nota, sin criticarla en ningún momento, “ningún padre puede negar a sus hijos el
49 STC 133/2010, FJ 9.
50
Entre esa otras posibles opciones estaría la de la homeschooling, si bien, en ninguna de ellas, advierte el mismo Tribunal,
podrá dejarse de dar “satisfacción a la finalidad que ha de presidir su configuración normativa (art. 27.2 CE), así como a
otros de sus elementos ya definidos por la propia Constitución (art. 27.4, 5 y 8 CE)” (STC 133/2010, FJ 9). Con esta
observación que puede parecer innecesaria por obvia y, por lo mismo, expresión de una arraigada desconfianza ante opciones
nuevas más libres, viene, por otra parte, a reconocer el TC que no es imposible dar cumplida satisfacción a esa finalidad
fuera del ámbito educacional “escolarizado”. Lo cual es importante si se tiene en cuenta que a veces el TC parece entender
que la imposición de la escolarización se justifica por la necesidad de asegurar el logro de esa finalidad que a la educación
marca el apartado 2 del artículo 27 de la Constitución.
51 STC 133/2010, FJ 7
52 STC 133/2010 FJ 9. Por otra parte, no deja de ser admirable que se haga aquí referencia al legislador con la calificación
de democrático (que, se supone, viene a funcionar como epíteto, al que no se recurre con frecuencia) precisamente en
relación con opciones sobre las que cabe preguntar con fundamento si son las que más favorecen el pleno ejercicio de los
democráticos derechos fundamentales en juego.
53 La Audiencia Provincial de Málaga que confirma en apelación la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de
Coín.
AAA-GANZ-EDU-OBLI-ESCO-VOLUN(POST-STC-133-2010)-TGV-27.06.2011
Página 21 de 36derecho y el deber de participar en el sistema oficial de educación” y “la escolarización
obligatoria está integrada en el contenido mismo del derecho a la educación (art. 27.1 CE), no
sólo por los beneficios que reporta a los menores mientras esta escolarización se desarrolla,
sino también por los beneficios futuros en orden al aprendizaje en el marco de los grados y las
titulaciones”54 .
Y ante las leyes educativas que incurren en esa misma confusión el TC no sólo no
entra a corregirlas en ese punto sino que se ocupará, como ante la que establece la
escolarización obligatoria, y según aquí exponemos ampliamente, en dejar a salvo la
adecuación de esa imposición a las previsiones constitucionales.
4.4.
Consideración y crítica de las presuntas razones en las, según el Tribunal
Constitucional, encontraría fundamento la viabilidad constitucional de la
imposición legal de la escolarización obligatoria.
Si, por una parte, la Constitución, según el TC, ni impone ni prohíbe la escolarización
obligatoria y, por otra, la escolarización no deja de suponer una restricción del ejercicio de
determinados derechos fundamentales, parece preciso justificar que el legislador haya optado
por la escolarización obligatoria, esto es, por menos libertad, cuando la Constitución permitía
haber optado por más libertad, esto es, por una regulación de la Educación en la que se
hubiera dado cabida, en concreto, a la opción de enseñanza básica “en casa” sin
escolarización. Y para el TC, en efecto, esa configuración del sistema (que lleva consigo la
escolarización obligatoria) resultará “constitucionalmente inobjetable” ya que: a) por una
parte, es una de las que el legislador puede adoptar “en ejercicio del margen de libre
apreciación política que le corresponde en virtud del principio de pluralismo político” 55; y,
por otra, b) atiende a otras expresas “determinaciones constitucionales” contenidas asimismo
en el artículo 27 de la Constitución.
Hemos, pues, de considerar a)-cómo puede el pluralismo político amparar decisiones
que más bien, por el contrario, parecen desatenderlo; –b) qué preceptos constitucionales y
cómo pueden justificar una opción (la escolarización obligatoria) que la Constitución no quiso
imponer y que no es precisamente inocua para derechos fundamentales. Veamos.
4.4.1. La imposición de la escolarización obligatoria y el margen de “libre
apreciación política del legislador en virtud del pluralismo político”56 . .
Es evidente, en todo caso, que el pluralismo político (CE 1) no puede amparar
posiciones que entren en pugna con el propio sistema democrático de derechos y libertades
fundamentales al que responde la Constitución. El margen del pluralismo consagrado por
nuestra Constitución no es tal, obviamente, que pueda llegar a albergar opciones inspiradas en
una concepción totalitaria del Poder como sin duda lo sería la que le atribuyera la condición
de Maestro supremo de ciudadanía, cual si el Estado estuviera revestido de una especie de
54“En esencia, ambos órganos judiciales argumentan, por un lado, que ningún padre puede negar a sus hijos el derecho y el
deber de participar en el sistema oficial de educación, que derivan del mandato constitucional de enseñanza obligatoria (art.
27.4 CE) y, de otra parte, que la escolarización obligatoria está integrada en el contenido mismo del derecho a la educación
(art. 27.1 CE), no sólo por los beneficios que reporta a los menores mientras esta escolarización se desarrolla, sino también
por los beneficios futuros en orden al aprendizaje en el marco de los grados y las titulaciones” (STC 133/2010, FJ 1, initio).
55 STC 133/2010, FJ 7
56STC 133/2010, FJ 7, a.
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Página 22 de 36“soberanía educativa” y les compitiera a los poderes públicos unos derechos y deberes
educativos preferentes por encima de los que corresponden en particular a los padres en
relación con sus propios hijos. Una mentalidad estatista inveteradamente arraigada en amplios
sectores de la sociedad española explica la ausencia de toda alarma y la facilidad con que se
acepta sin discusión esa condición magisterial del poder o, en todo caso, las competencias de
éste para decidir regulativamente la educación de todos sin la debida consideración para los
derechos fundamentales en juego y, en particular, para el de los padres, a los cuales los
poderes públicos se considerarían legitimados –y en el parecer de muchos ciudadanos,
efectivamente, lo estarían– para suplantarles a la hora de decidir cómo se educan sus hijos.
De esa mentalidad cabe ver manifestaciones en todos los estamentos y niveles de la
sociedad. El que la aspiración educativa en la sociedad española haya sido durante siglos la de
proporcionar a todos la escuela y el que sea todavía reciente el pleno y aun sobrado logro de
ese ansiado objetivo puede explicar que todavía una amplia mayoría de ciudadanos, entre los
que ocupan un lugar destacado los políticos y quienes forman parte de la Administración
pública, vean con naturalidad un intervencionismo educativo de los poderes públicos
inadmisible para una mentalidad sanamente democrática. Lo que en un momento concreto era
una exigencia de progreso –la oferta de la escolaridad a todos– pasa a ser un quiste
reaccionario cuando como imposición se convierte en impedimento para continuar el
progreso, el avance en la cada vez más plena realización de la libertad. Eso es lo que supone
de hecho hoy la imposición de la escolarización en cuanto impide el recurso a otras vías que
pueden ser de hecho las óptimas en determinadas circunstancias y de acuerdo con preferencias
por las que, en todo caso, tienen los ciudadanos derecho a optar.
4.4.2. La imposición de la escolarización obligatoria ante otras diversas
“determinaciones constitucionales”57 .
Si los padres que optan por la homeschooling invocan el derecho a hacerlo que creen
tener reconocido en determinados preceptos constitucionales, el TC se remitirá a “otras
determinaciones constitucionales” al tratar de fundamentar que la imposición legal de la
escolarización obligatoria no sólo es constitucionalmente admisible, “viable” sino aun
exigible.
Para dar por constitucionalmente admisible la esa imposición habrían de aducirse
razones de peso proporcionado a la gravedad de una media que, como ésa, puede afectar al
“contenido esencial” (CE 53.1) de los fundamentales derechos y libertades educativos de los
educandos y de sus padres. Y no parece que tengan de modo indiscutible ese peso los
argumentos que ofrece el TC para justificar ese actual régimen de escolarización obligatoria.
A juicio de éste, en efecto, la configuración legislativa que impone semejante régimen
de escolarización:
57Según en TC, “la imposición del deber de escolarización de los niños de entre seis y dieciséis años (arts. 9.2 LOCE y 4.2
LOE), a cuya efectividad sirven las resoluciones judiciales recurridas, constituye un límite incorporado por el legislador que
resulta constitucionalmente viable por encontrar justificación en otras determinaciones constitucionales contenidas en el
propio art. 27 CE” (STC 133/2010, FJ 7, primer párrafo; v. también FJ 8, initio) o, con expresión equivalente, a estos efectos,
“otros principios y derechos constitucionales” (FJ 9).
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Página 23 de 36-“se compadece con el mandato en virtud del cual los poderes públicos deben
“garantiza[r] el derecho de todos a la educación mediante la programación general de la
enseñanza” (art. 27.5 CE);
-responde a la previsión de que asimismo los poderes públicos “inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes” (art. 27.8
CE);
-y, por lo que aquí más interesa, –añade– encuentraría su justificación en la finalidad
que ha sido constitucionalmente atribuida a la educación (y al sistema diseñado para el
desarrollo de la acción en la que ésta consiste), “el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales” (art. 27.2 CE)”58 .
Ahora bien: el caso es que queda sin probar que la escolarización obligatoria haya de
considerarse a priori o en abstracto y con carácter general, necesaria-imprescindible o aun
siquiera mejor que otra opción (en concreto, la educación “en casa”):
-ni para que los poderes públicos garanticen a todos el ejercicio del derecho a la
educación mediante una programación de la enseñanza (27.5 CE),
-ni para que inspeccionen, homologuen el sistema educativo y garanticen el
cumplimiento de las leyes (art. 27.8 CE),
-ni para que esos mismos poderes aseguren que la educación en España, cualquier tipo
de educación en España, tenga por objeto “el pleno desarrollo de la personalidad humana en
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales” (art. 27.2 CE).
¿Acaso el modelo de educación en familia o de educación en casa (homeschooling)
hace imposible a los poderes públicos satisfacer la exigencias constitucionales antes
indicadas? Una cosa es que los poderes públicos deban crear las condiciones y ofrecer las
prestaciones necesarias para que nadie se vea impedido de ejercer plenamente su derecho a la
educación y otra muy distinta que ese deber les legitime para imponer a todos el uso de unos
concretos particulares medios frente a otros que pueden, dadas las circunstancias, ser no ya
educativamente válidos, sino aún más eficaces y más respetuosos o, en determinados casos,
los únicos respetuosos con las libertades fundamentales.
Quienes optan por proporcionar a sus hijos la educación básica en familia o en casa
(homeschooling) no sólo no rechazan ni impiden que los poderes públicos lleven a cabo una
programación general de la enseñanza que garantice a todos el ejercicio del derecho a la
educación (CE 27.5) sino que, por el contrario, la mayoría de ellos aceptaría de grado y aun
desea que esa programación general integre y regule la modalidad de la educación en casa sin
escolarización precisamente como garantía del más pleno ejercicio de su libertad y derechos
educativos; ni rechazan la adecuada inspección y homologación (CE 27.8) y, en modo alguno,
ponen en cuestión que la educación, en efecto, ha de ordenarse al “pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales”, según lo establecido en el apartado 2 del artículo 27 de
la Constitución.
Por otra parte, cuando se considera que la enseñanza escolarizada es la mejor para que
los poderes públicos –la Administración- lleven a cabo las tareas que puedan corresponderles
58 STC 133/2010, FJ 7 a.
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Página 24 de 36a la luz de determinadas previsiones constitucionales no puede olvidarse que jamás puede
aceptarse restricción alguna en el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales
simplemente por hacerle más fácil a la Administración la realización de sus cometidos, como,
p.e., el de la inspección educativa.
Tampoco, obviamente, puede aceptarse sin más el supuesto de que la educación
impartida en régimen de escolarización consiga de manera más satisfactoria (y mucho menos
que sea la única que consiga de cualquier modo) los fines a los que debe ordenarse la
educación, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 27 de la Constitución, precepto al que
dedicamos más abajo una especial atención, dadas la virtualidad y exigencias que se le
atribuyen desde instancias teóricas estatistas y el mismo TC parece reconocer en él.
4.4.3. La restricción de derechos que lleva consigo la imposición de la escolarización
y el principio de proporcionalidad.
Después de haber sentado una concepción de los derechos educativos de los padres
que puede decirse manifiestamente reductiva y tras haber minimizado el impacto restrictivo
que sobre éstos produce la escolarización obligatoria, al TC no le ofrece ninguna dificultad
afirmar que esa restricción se atiene a las exigencias del principio de proporcionalidad.
“Además de encontrar justificación en otras determinaciones constitucionales
contenidas en el propio art. 27 CE, la imposición de la escolarización obligatoria no
genera una restricción desproporcionada del derecho alegado, tal y como este
canon de control de la constitucionalidad de los límites a los derechos fundamentales
ha sido interpretado por este Tribunal (recientemente, STC 60/2010, de 7 de octubre,
FF JJ 9 y 12 y ss)59 .
Según esa propia doctrina a la que el TC se remite, una posible restricción del
ejercicio de un derecho no resulta desproporcionada o, en otros términos, se atiene a las
exigencias del principio de proporcionalidad si se satisfacen tres condiciones: a) que la
medida sea idónea o adecuada para la consecución de los fines que persiguen; b) que la
medida sea necesaria por no haber otras menos restrictivas igualmente eficaces; c) y, de
acuerdo con el sentido estricto de proporcionalidad, que no haya una desequilibrio patente y
excesivo o “irrazonable” entre el grado de satisfacción de los fines que se persiguen y el
alcance de la restricción a la que se someten los principios y derechos constitucionales
afectados60 .
Y para el TC, en el caso de la restricción de derechos que pueda entrañar la imposición
de la escolarización, ésta satisface todas esa exigencias del principio de proporcionalidad.
59 STC 133/2010, FJ 8.
60 “En primer lugar, la medida debe ser idónea En segundo lugar, la medida debe ser también necesaria, de tal manera que
no resulte evidente la existencia de medidas menos restrictivas de los principios y derechos constitucionales que resultan
limitados…Y, finalmente, la medida debe ser proporcionada en sentido estricto, de modo que no concurra un «desequilibrio
patente y excesivo o irrazonable» … entre el alcance de la restricción de los principios y derechos constitucionales que
resultan afectados, de un lado, y el grado de satisfacción de los fines perseguidos con ella por el legislador, de otro” (STC
60/2010, de 7 de octubre, FJ 9).
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Página 25 de 36a) La idoneidad de la escolarización para conseguir los fines que debe perseguir la
educación, no la negarían siquiera quienes rechazan su imposición legal 61. Pero, a este
respecto, cabe decir que esto no bastaría para imponer esa escolarización, si otras formas de
educación no-escolarizada pueden conseguir igualmente esos fines.
b) En cuanto a la necesidad de la escolarización, el TC la acepta sin ambages ya que,
según manifiesta, los fines de la educación (que no se reducen a la mera transmisión de
conocimientos, sino que comprenden el “libre desarrollo de la personalidad individual en el
marco de una sociedad democrática y a la formación de ciudadanos respetuosos con los
principios democráticos de convivencia y con los derechos y libertades fundamentales”) se
alcanzan “más eficazmente mediante un modelo de enseñanza básica en el que el contacto con
la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos elementos que la integran, lejos de tener
lugar de manera puramente ocasional y fragmentaria, forma parte de la experiencia cotidiana
que facilita la escolarización”62 . Frente a esto, sin embargo, no es necesario, podemos decir,
un notable ejercicio de imaginación para pensar que “el contacto con la sociedad plural y con
los diversos y heterogéneos elementos que la integran” puede estar incluso mejor garantizado
en el escenario familiar e interfamiliar en el que los partidarios de la homeschooling la
desarrollan, que en el ambiente escolar en cierto modo artificialmente aislado donde la
convivencia no es precisamente intergeneracional. Las ventajas socializadoras de la enseñanza
escolarizada no constituyen un supuesto que haya de aceptarse acrítica, dogmáticamente:
puede y debe ser discutido. Y en ese sentido, no parece que se pueda sentenciar, sin más, que
esa enseñanza escolarizada es necesariamente más eficaz que la homeschooling para alcanzar
todos los fines de la educación a los que se refiere el apartado 2 del artículo 27 de la
Constitución.
c) En cuanto a la proporcionalidad propiamente dicha o estricta, y como señalan los
partidarios de la homeschooling, “las ventajas que se obtienen con la limitación del derecho
[no son] superiores a los inconvenientes que se producen en este caso para los titulares de la
libertad de enseñanza”, teniendo en cuenta que en él “los padres, lejos de hacer dejación de
sus deberes, se esfuerzan por ofrecer a sus hijos una formación más específica e
individualizada”63. El TC, sin embargo, rechaza que esto sea así por una serie de razones que
están expuestas a fáciles consideraciones en contra.
Así, p.e., es cierto que la educación no se reduce a la transmisión de conocimientos,
como el TC acertadamente se considera obligado a recordar. Ahora bien, el que los
recurrentes hubieran insistido en la calidad de la transmisión de conocimientos dentro de la
modalidad de homeschooling tiene su explicación en que es de esa transmisión de la que más
fácilmente podría temerse que no quedara debidamente atendida en esa modalidad educativa,
dada la necesidad de muy diversos conocimientos especializados en quienes han de atender la
dimensión instructiva de la educación. Pero esto en ningún modo supone que mediante la
homeschooling no se atiendan debidamente los demás fines formativos que a la educación le
atribuye el apartado 2 del artículo 27 de la Constitución. Es más: cabe señalar que la razón por
la que los recurrentes no habrían insistido en ellos ha podido ser la convicción de que son
esos otros fines los que precisamente mejor puede lograr la educación exclusiva en familia
(homeschooling). Aún más: esos otros fines formativos en el orden personal, moral, social,
cívico-democrático son justamente aquellos respecto de los cuales son posibles diversas
concepciones al amparo de las libertades ideológica y religiosa reconocidas en el artículo 16
61 STC 133/2010, FJ 8, a.
62 STC 133/2010, FJ 8, b.
63 STC 133/2010, FJ 8 c.
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Página 26 de 36de la Constitución. Y supuesta la legítima pluralidad educativa que respecto de esos fines
puede darse en uso de las indicadas libertades, no sólo no puede darse por supuesto que se
consiguen mejor en un régimen de escolarización obligatoria, sino que puede, desde la óptica
constitucionalmente legítima de determinados padres, considerarse que por la vía de la
escolarización obligatoria se consiguen menos eficazmente y aun que no pueden en absoluto
conseguirse, como ocurriría en un sistema en el que el régimen de escolarización supusiera la
imposición de determinadas particulares opciones antropológicas contrarias a las convicciones
de los padres correspondientes y a las libertades fundamentales afectadas. No se puede
aceptar esa presunta superioridad educativa del régimen de escolarización obligatoria en
relación con ese tipo de fines, cuando hay que ver precisamente en la discrepancia sobre el
modo como se entienden esos fines en el régimen de escolarización una de las razones más
poderosas por las que determinados padres pueden preferir la homeschooling para sus hijos.
4.4.4. La tensión interna de la STC 133/2010 y la necesidad de llenar una laguna
normativa.
No deja de ser significativo que, después de su denodado empeño por salvar la
constitucionalidad de la imposición legal de la escolarización obligatoria, el TC no pueda
dejar de volver a reconocer que “a la vista del art. 27 CE, no cabe excluir [y aun, según
creemos, habría que decir que es obligado incluir] otras opciones legislativas [distintas, se
entiende, de la que impone la escolarización obligatoria] que incorporen una cierta
flexibilidad al sistema educativo y, en particular, a la enseñanza básica, …64. Sin embargo,
[dirá por último] la de cuáles deban ser los rasgos de esa regulación alternativa del régimen de
la enseñanza básica obligatoria para resultar conforme a la Constitución es una cuestión cuyo
esclarecimiento en abstracto excede las funciones propias de este Tribunal Constitucional, que
no debe erigirse en un legislador positivo” (STC 133/2010, FJ9).
Ante lo cual cabe respetuosamente recordar que, si en efecto, el TC no podría entrar a
establecer positivamente los términos de una posible regulación alternativa que, entre otras
cosas, respondiera a la opción de la homeschooling, podría y, a nuestro juicio, debiera, haber
señalado la necesidad de que el legislador procediera a esa regulación en cuanto necesaria
para dar hacer efectivamente posible el más pleno ejercicio de los derechos educativos
fundamentales en juego y, en concreto, los de los padres.
Obviamente, señalar esa exigencia hubiera supuesto aceptar que en la actual
configuración del sistema educativo hay en estos momentos una laguna al respecto en cuanto
se guarda absoluto silencio respecto de esas otras posibilidades que la ley no sólo puede
legítimamente acoger, sino que está obligada a integrar mediante la correspondiente
regulación positiva.
Lo cierto es, sin embargo, que difícilmente podría llegar a esa conclusión una
Sentencia en la que se empieza por negar tajantemente que exista esa laguna denunciada
como tal por los demandantes y que el mismo ministerio fiscal admitiría65 y que va, toda ella,
64 Si bien, como añade, “sin que ello permita dejar de dar satisfacción a la finalidad que ha de presidir su configuración
normativa (art. 27.2 CE) así como a otros de sus elementos ya definidos por la propia Constitución (art. 27.4, 5 y 8 CE)”
(STC 133/2010, FJ 9, penúltimo párrafo).
65 Para el Ministerio Fiscal, “el art. 27 CE no impide la práctica denominada “homeschooling”, o enseñanza en el propio
domicilio, en relación con la cual nos encontraríamos, además, ante un vacío legal,…” (STC 133/2010, Antecedentes, 10).
El TC, en todo caso, afirmará con toda seguridad que: “pese a lo que aducen los recurrentes no nos encontramos aquí en
modo alguno ante una laguna normativa: la cuestión de si la escolarización en la edad correspondiente a los hijos de los
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Página 27 de 36encaminada a fundamentar la inobjetable constitucionalidad de una norma que, al imponer la
escolarización obligatoria, relega cualquier otra fórmula al ámbito de lo prohibido y a quien la
adopte a la condición de simple y seguro infractor de la ley. Resulta, en todo caso, inocultable
la fluctuación con que el Tribunal se mueve en este caso entre las claras exigencias de unos
ineludibles derechos fundamentales y la fuerte inclinación a reconocer a los poderes públicos
un papel difícilmente conciliable con aquéllos.
5. Examen especial del apartado 2 del artículo 27 de la Constitución: ¿Qué alcance
tienen las responsabilidades y competencias educativas que hayan de atribuirse a
los poderes públicos en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.2 de la
Constitución?
5.1.
La lectura estatista-paternalista del artículo 27.2 de la Constitución.
Como hemos indicado desde el primer momento, según el alcance que algunos
atribuyen al artículo 27.2 de la Constitución, la educación sería ante todo, si no
exclusivamente, incumbencia de los poderes públicos, en virtud del mandato que a ellos
dirigiría (aunque no los menciona) el citado precepto constitucional. Sería, según esa lectura,
a los poderes públicos, a quienes correspondería de modo directo la responsabilidad de
asegurar que, en efecto, la educación responda a la finalidad que según el 27.2 CE debe tener
recurrentes en amparo debe o no ser obligatoria ha sido decidida expresamente, en sentido afirmativo, por el legislador” en
“la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación…, vigente en el momento en que se dicta la
Sentencia del Juzgado aquí recurrida” Y, por lo mismo, “la conducta de los padres … consistente en no escolarizar a sus hijos
supone el incumplimiento de un deber legal integrado, además, en la patria potestad- que resulta, por tanto, en sí misma
antijurídica. No hay, pues, laguna normativa de ninguna clase” (STC 133/2010, FJ 4, b). A este respecto permítasenos
señalar lo siguiente: El mero hecho de la existencia de una norma que se dice reguladora de una determinada materia (p.e.,
derechos y deberes educativos) no basta para dar por supuesto que han quedado normados todos los elementos constitutivos o
relevantes de esa determinada materia y que, por tanto, ésta se encuentra regulada sin laguna alguna o que no hay una parte,
un aspecto relevante, de la materia no cubierto por la norma y que, por lo mismo no hay en esa norma vacío alguno, un
hueco, una laguna. No basta la mera existencia de tal norma, si resulta que un elemento o sector de la materia regulada queda
sin más totalmente desatendido, ignorado, como si no existiera, bien por la vía del total silencio, bien por la negación
indirecta, de su existencia, en cuanto se establece como única vía posible la que, en la realidad de las cosas, no es toda o sola
la realidad que ha de tenerse en cuenta sino que constituye sólo una alternativa frente a otra u otras. Así, por ejemplo, el
hecho de que la norma establezca como única vía de adquisición de la enseñanza básica obligatoria la escolarización
obligatoria durante unos años a unas determinadas edades, no permite decir que no hay una laguna normativa respecto de otra
alternativa, como la de la “educación en familia” cuando ésta ni siquiera es considerada para ser expresamente negada.
Siendo esto así, cabría entender, como ocurre en la historia de la legislación tantas veces, que ese silencio no puede
interpretarse como negación sino sólo como expresión de que, en el momento de dictarse la normativa de que se trata, eso no
regulado ni siquiera constituía una opción real, fácticamente dada o deseada. O dicho de otro modo: si la normativa no regula
X porque en el momento de dictarse la normativa no se daba X, esto no significa que, después de plantearse X como opción
real, fáctica, deba continuar la norma sin pronunciarse sobre ella ni siquiera negativamente. Una vez que X constituye un
elemento real, fáctico, importante en el determinado campo al que se refiere la norma, el que la norma persista sin
mencionar siquiera X pasa a constituir una evidente laguna normativa. No se puede decir que no hay laguna normativa por
el hecho de que la norma ignore la realidad de unos elementos o aspectos de la realidad de la que quiere ser regulación, por el
simple hecho de que la norma ignore (y en ese sentido niegue) esos elementos o aspectos. Precisamente ese silencio,
desatención o ignorancia de la norma respecto de esos elementos o aspectos constituye una laguna normativa. Así el hecho
de que la normativa educativa no tome nota siquiera de la opción educativa de la homeschooling y ésta, por lo mismo,
permanezca sin regulación no permite sostener que no hay laguna normativa al respecto sin incurrir en una petición de
principio puesto que lo que hay que discutir (ésa era la cuestión que se planteaba) es si esa opción debe o no ser reconocida
como legítima y regulada. A modo de conclusión: No puede darse tal cuestión por resuelta por el hecho de que al regular la
materia a la que pertenece “la cosa” de que se trata, ésta no haya sido tenida en cuenta. Hay que discutir si el no estar
considerada esa realidad en la normativa constituye o no precisamente una laguna, para lo cual, a su vez, hay que discutir
antes si debe o no ser tenida en cuenta y regulada.
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Página 28 de 36por objeto. Y esto sólo podrían garantizarlo los poderes públicos si se les reconocen unos
derechos, se les encomiendan unas responsabilidades y se les confieren unas competencias
que les legitimarían para, entre otras cosas, establecer normas mediante las cuales imponer a
todos un determinado tipo de educación o determinados elementos de obligada inclusión en
cualquier tipo de educación, desde materias concretas, de cualquier orden, incluido el moral o
religioso, hasta exigencias de tipo procedimental y organizativo, como, por ejemplo, la
escolarización obligatoria. Según esa lectura del artículo 27.2 CE, los poderes públicos
estarían no ya legitimados sino obligados a desempeñar un papel educativo tan preponderante
que puede llegar a ahogar el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas de los
ciudadanos y, en particular, los fundamentales derechos educativos de los padres. Esta lectura,
si se tienen en cuenta las posiciones y mentalidad de quienes la sostienen, podría
objetivamente etiquetarse como estatalista-paternalista66. Quienes consideran que ese artículo
(27.2 CE), donde se define la educación democrática, constituye un mandato especial a los
poderes públicos, parecen pensar, si atendemos a sus mismas manifestaciones, que sólo los
poderes públicos pueden asegurar que la educación se ordene al pleno desarrollo de la
personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales. Y no deja de ser motivo de seria preocupación que tal pueda parecer
también, si se atienden las consideraciones vertidas en su tantas veces ya aquí citada
Sentencia 133/2010, de 2 de diciembre, la postura del propio TC.
5.2.El “mandato” del 27.2 CE en la STC 133/2010.
Entre las “determinaciones constitucionales” que, según el TC, amparan y aun exigen
la actual imposición legal de la escolarización ocupa un lugar especial el artículo 27.2 en
cuanto, por una parte, determina los fines que debe perseguir en todo caso la educación y, por
otra, a la vez dirige a los poderes públicos el mandato de que garanticen la consecución de
esos fines. Y esto en conexión con el mandato, contenido en el apartado 4 del mismo artículo
27 CE, de que la enseñanza básica sea obligatoria. Y ya hemos señalado cómo normas
infraconstitucionales, pero con el alto rango de ley orgánica, identifican esa enseñanza
obligatoria con escolarización obligatoria. Aunque el propio TC no incurre esa confusión,
justifica la imposición legal de la escolarización en cuanto ésta constituye el modo, por el que
puede legítimamente optar el legislador, de garantizar más eficazmente el logro del complejo
objeto que el art- 27.2 CE marca a la educación.
Según sus términos expresos, el TC considera que la configuración legislativa en la
que se impone la escolarización como obligada vía para la enseñanza básica obligatoria, “se
compadece con el mandato en virtud del cual los poderes públicos deben “garantiza[r] el
derecho de todos a la educación mediante la programación general de la enseñanza” (art. 27.5
CE),…67. “La educación a la que todos tienen derecho y cuya garantía corresponde a los
poderes públicos como tarea propia no se contrae, por tanto, —añadirá el TC— a un proceso de
mera transmisión de conocimientos… sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la
personalidad y de las capacidades de los alumnos…y comprende la formación de ciudadanos
responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una
66 No deja de ser significativo que a los defensores académicos de esa lectura no les haya parecido necesario pergeñar una
explicación de por qué siendo a los poderes públicos a los que se dirige tan decisivo mandato como el que, según ellos, se les
impone en el artículo 27.2, no se mencione a tales poderes, cuando tan frecuentemente lo hace la Constitución, como, por
ejemplo, dentro del propio artículo 27, en cuatro de sus restantes apartados: 3, 5, 8 y 9). Siempre les cabe decir que los
constitucionalistas pudieron pensar que mencionar esos poderes era rebajar el grado de evidencia con que allí reluce la
referencia a ellos…
67 STC 133/2010, FJ 7, a.
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Página 29 de 36sociedad plural… en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos
y libertades fundamentales del resto de sus miembros…”68. Y es ese “objetivo complejo y
plural” asignado a la educación en el art. 27.2 CE el que han de perseguir “el legislador y
todos los poderes públicos a la hora de configurar el sistema de enseñanza dirigido a
garantizar el derecho de todos a la educación” y el “mandato” de consecución de dicho
objetivo es justamente “el principio constitucional al que sirve la imposición normativa del
deber de escolarización en el marco de la enseñanza básica obligatoria…” Ese “principio” no
sólo constituye una “directriz que la Constitución impone a los poderes públicos, y muy
singularmente al legislador (arts. 27.2, 4, 5 y 8 CE), sino que integra el contenido de la
dimensión prestacional del derecho de los niños a la educación (art. 27.1 CE)”69.
Resultará así que, aun frente al derecho que puedan invocar los padres y, en concreto,
frente al que les reconoce el apartado 3 del mismo 27 CE, “la imposición normativa del deber
de escolarización y la garantía jurisdiccional de su efectividad encontrarían justificación
constitucional en el mandato dirigido a los poderes públicos por el art. 27.2 CE y en el
derecho a la educación que el art. 27.1 CE reconoce a todos, incluidos los hijos de los ahora
recurrentes en amparo (STC 260/1994, de 3 de octubre, FJ 2 in fine)”70 .
Por encima, pues, de cualquier otra consideración, ha de asegurarse, según el TC, “la
satisfacción del mandato que la Constitución dirige a los poderes públicos en el art. 27.2 CE y
que constituye, al tiempo, el contenido del derecho a la educación reconocido en el art. 27.1
CE71”. Y esto, viene a decir el mismo TC, ninguna medida alternativa a la escolarización
obligatoria72 podrá garantizarlo73 .
Ante lo cual surge la tentación de pensar que para éste, no sólo es a los poderes
públicos a los que, al menos, en primer término se les encomienda y ordena en el 27.2 CE
garantizar a todos el ejercicio del derecho a la educación, sino que son éstos los que mejor
pueden asegurar el logro de los objetivos de la educación como si tales poderes gozaran de
una especial competencia y capacidad que a estos efectos les permitiera conocer con más
claridad, profundidad y ecuanimidad que cualesquiera otros agentes educativos, incluidos los
padres, los medios idóneos y necesarios y como si esa superior clarividencia les legitimara
para imponerlo, entre ellos, p.e., la escolarización obligatoria…
En los términos en que el TC parece entender el mandato que el art. 27.2 CE dirigiría a
los poderes públicos y las competencias de las que habría de conjeturarse que éstos se
encuentran dotados para cumplir tal mandato, sería difícil dejar a salvo el debido respeto a
derechos fundamentales meridianamente afirmados de modo expreso en la misma
Constitución. Parecería que por la vía de interpretación del art. 27.2 se quisiera atribuir al
68Ibidem.
69 STC 133/2010, FJ 7, b.
70 Ibidem.
71 “Por lo demás, –añade el TC– el TEDH ha reconocido que la apreciación de que estos objetivos no pueden “ser
satisfechos en la misma medida por la educación en el propio domicilio, incluso en el caso de que ésta permitiera a los niños
la adquisición del mismo nivel de conocimientos que proporciona la educación primaria escolar […] no es errónea y que cae
dentro del margen de apreciación que corresponde a los Estados signatarios en relación con el establecimiento y la
interpretación de las normas concernientes a sus correspondientes sistemas educativos” (Caso Konrad v. Alemania, Decisión
de admisibilidad de 11 de septiembre de 2006, nº 35504/03)”. Pero que no sea errónea esa apreciación no significa
–advirtamos nosotros– que sea una verdad incontrovertible…
72 Como, p.e., la homeschooling sometida a control periódico, medidas, como las que, según señalan los demandantes
en el caso al que responde la STC 133/2010, pueden encontrarse en legislaciones de países de nuestro entorno, pues “existen
reglas que permiten conciliar, de mejor manera, los distintos intereses en juego. Medidas que, sin descartar la opción
educativa del ‘homeschooling’”, o enseñanza en el propio hogar, “establecen controles periódicos sobre la evaluación
formativa del niño así como un seguimiento de los contenidos que se transmiten” (STC 133/2010, FJ 8, b.)
73 STC 133/2010, FJ 8, b.
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Página 30 de 36poder público en Educación un papel que no parece conciliable con el que de manera
inequívoca corresponde a los agentes educativos preferentes y, en concreto, a los padres
respecto de sus hijos.
A la vista de todas estas consideraciones, resulta sin duda cuestión de importancia
decisiva y manifiestamente ineludible la de determinar el alcance que objetivamente ha de
atribuirse al artículo 27. 2 CE y, en particular, al mandato que pueda verse dirigido a los
poderes públicos en este precepto constitucional, en una interpretación sistemática
democrática que deje a salvo precisamente “los derechos fundamentales y las libertades
públicas”, cuyo respeto, según la literalidad de ese mismo precepto, debe asegurar en todos la
educación.
5.3.
Artículo 27.2 CE: una definición teleológica de educación y un mandato
dirigido también a los poderes públicos.
Recordemos en primer lugar el tenor del ya tantas veces citado precepto
constitucional, que, literalmente, establece: “La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Esos términos, en su más obvio e
inmediato sentido, no hacen sino, acertadamente, reproducir la que podemos considerar
definición teleológica de la educación, de la educación democrática, contenida en el art. 26.2
de la Declaración de Derechos Humanos (ONU, 1948). Lo cual no excluye que esos términos
definitorios contengan a la vez un sentido imperativo. Y, ciertamente, en el futuro “tendrá”
del art. 27.2 CE74 ha de verse el imperativo –el mandato– de que la educación, cualquier tipo
de educación, en España responda a las exigencias contenidas en esa definición, de tal modo
que el modelo educativo que las contradiga resultará manifiestamente inconstitucional. Será,
en efecto, inconstitucional –y los poderes públicos no podrán consentirlo– cualquier
modelo o tipo de educación que no se ordene al “pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”.
Pero, si cabe afirmar que el art. 27.2 CE contiene un “mandato”, será preciso advertir
que tal precepto manda de modo inmediato y en términos generales cuál ha de ser el objeto
(objetivo, fin último) al que ha de ordenarse cualquier tipo de educación que se imparta en
España, pero no manda, no dispone, en modo alguno quiénes hayan de impartirla ni a través
de qué particular opción educativa concreta, entre las diversas constitucionalmente legítimas,
haya de alcanzarse ese objetivo.
74 Al igual que en las expresiones correspondientes que otras lenguas utilizan en ese mismo artículo 26.2: Education shall
be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and
fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups,
and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.- “ L’éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.- “L’istruzione
deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e
religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.- “Die Bildung muß auf die volle
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten
gerichtet sein”.
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Página 31 de 36En otros términos: el mandato que quepa ver en el art. 27.2 CE ha de entenderse
referido de modo inmediato al qué de la educación (al objeto y contenido general común de la
educación en España) y no a quiénes hayan de impartirla o puedan intervenir, bajo uno u otro
título, en el desarrollo efectivo de la actividad educativa. Dicho de otro modo, ese mandato
del 27.2 CE recae de modo inmediato sobre el objeto, pero no sobre los sujetos de la
educación.
Ahora bien: en cuanto quepa ver en el art. 27.2 CE también un mandato indirecta o
mediatamente referible a agentes educativos no puede en modo alguno entenderse dirigido
exclusiva ni aun preferentemente a los poderes públicos, sino a cuantos de uno u otro modo,
bajo títulos diversos y desde varias consideraciones, han de ser tenidos por sujetos
responsables de la acción educativa. Sin duda ese mandato supone exigencias y competencias,
derechos y facultades, muy distintas en los muy diversos sujetos a los que puede entenderse
dirigido (los educandos mismos, sus padres, profesores, agentes sociales varios, poderes
públicos en las diversas áreas de actividad y de la Administración, etc.). En todo caso el
mandato que pueda verse implícitamente dirigido a los poderes públicos en el 27.2 CE no
altera el cuadro de derechos y deberes educativos de los diversos sujetos que intervienen en la
educación.
No es el posible mandato dirigido a los poderes públicos en relación con la educación
el que marca el alcance de los derechos y deberes educativos de los ciudadanos, sino estos
derechos y deberes los que determinarán el alcance que pueda legítimamente reconocerse a
ese mandato, dentro de una interpretación sistemática de la Constitución y del marco
fundamental democrático, de derechos fundamentales y libertades públicas que ésta establece.
5.4.
¿Qué exige de los poderes públicos y a qué les faculta el art. 27.2 CE?
Así, pues, en lo que respecta a los poderes públicos, el mandato que cabe ver
implícitamente dirigido también a ellos en el art. 27.2 CE no les supone ni confiere derechos,
competencias, facultades, responsabilidades distintas de aquellas de las que ya estén dotados y
haya de reconocérseles en virtud de otros preceptos pertenecientes al bloque de la
constitucionalidad75.
De acuerdo con lo cual ha de decirse que, en virtud de ese mandato a los poderes se les
exige: –positivamente, que creen las condiciones necesarias y velen para que cualquier tipo de
educación que se desarrolle en España responda a las exigencias que marca ese precepto; y
–negativamente, que impidan el desarrollo de cualquier modelo educativo que no satisfaga
esas exigencias.
Pero con toda seguridad ese precepto constitucional (art. 27.2 CE) ni manda ni permite
a los poderes públicos que sean ellos los que lleve a cabo directamente la acción educativa. El
poder público no es un poder magisterial. Tampoco les manda ni permite que impongan a
todos una determinada opción, de acuerdo inevitablemente con una particular concepción
antropológico-moral. No sólo no puede leerse en el tenor del art. 27.2 de la Constitución un
mandato para que los poderes públicos actúen de ese modo, sino que ese mismo precepto,
puesto en relación con otros de la misma Constitución (16.1; 27.1 y 3; 10.2 CE) tajantemente
lo impiden.
75 Obviamente, ninguno de esos preceptos puede suponerse que alteren las exigencias contenidas en las previsiones
constitucionales sobre derechos fundamentales y libertades públicas. A este respecto téngase presente lo dispuesto en el
artículo artículo 53.1 CE sobre regulación de derechos y libertades fundamentales.
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Página 32 de 36Donde encontramos un mandato clara y expresamente dirigido a los poderes públicos
es en el apartado 3 del mismo art. 27 CE, cuyo tenor no deja lugar a dudas: “Los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Sorprende
que quienes tan claro ven en el aparatado 2 del artículo 27 un mandato dirigido a los poderes
públicos (mandato, en todo caso, implícito y necesitado de interpretación), olviden tan
fácilmente el mandato que, éste sí de modo explícito, dirige la Constitución a esos poderes en
el siguiente apartado, el 3, de ese mismo precepto, en los términos inmediatamente antes
transcritos. Y es tanto más extraño ese silencio sobre tal mandato cuando tan claro está
igualmente que en él ha de verse, en todo caso, un límite explícito a las actuaciones que en el
ámbito de la educación hayan de llevar a cabo los poderes públicos en virtud del implícito e
indefinido mandato que pueda dirigirles el apartado 2 del repetidamente citado artículo 27
CE.
Resulta así, de todo lo anterior, que no sólo no es necesario que los poderes públicos
impongan un única determinada opción como único modo de asegurar que la educación se
ordene en todos los casos al pleno desarrollo de la personalidad dentro del respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, sino que
es justamente el respeto a estos derechos y libertades el que no consiente en absoluto que los
poderes públicos lleven a cabo ese tipo de imposición educativa.
6. Legitimidad de la pluralidad de tipos de educación aun en relación con los
llamados valores comunes.
Un breve análisis del contenido de la misma definición de educación que establece la
Constitución en su tantas veces mencionado art. 27.2 pone de manifiesto que los poderes
públicos deben abstenerse de cualquier actuación que impida o aun simplemente restringa de
modo desproporcionado el ejercicio de la libertad educativa de todos los ciudadanos.
Advirtamos, en efecto, que si bien la educación ha de ordenarse al pleno desarrollo de la
personalidad, la Constitución, acertada y afortunadamente, se abstiene de establecer un
concepto de personalidad que supondría un concepto de persona. Pues sobre la persona son
muy diversas las concepciones que pueden sostenerse con plena legitimidad constitucional en
virtud del ejercicio de la libertad ideológica (de pensamiento) y religiosa proclamada por la
misma Constitución (art- 16.1), así como, en consecuencia, muy diversos los modelos o tipos
de educación por los que, en correspondencia con esas diversas concepciones de la persona,
pueden legítimamente los ciudadanos optar en uso de su libertad educativa, ideológica,
religiosa… (CE 27.1 y 3). Nada más contrario, pues, a los derechos y libertades
fundamentales que la imposición de un tipo único de educación a todos los ciudadanos.
Y esto es así aun en relación con aquellos valores que suelen decirse comunes y que
serían, en todo caso el presunto objeto fundamental de la educación que deben asegurar los
poderes públicos, a través de entre otros medios, disciplinas como la denominada “educación
para la ciudadanía”. Por eso hay que preguntar qué es lo común en los valores comunes. “Sin
duda son comunes las fórmulas, enunciados, términos con que coincidimos en afirmarlos
como valores y cabe decir que es esa coincidencia la que en efecto permite decir que unos
determinados valores son comunes”76. Pero cabe añadir que a eso se reduce lo común de tales
valores. Porque “tan pronto se entra a desentrañar el contenido de esos valores, establecer su
76 González Vila, Teófilo, “¿Qué es lo común en los valores comunes predicados por el Supremo en el caso EpC? Nunca es
lícito adoctrinar”, en Alfa y Omega Nº 630, de 26-II-2009.
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Página 33 de 36fundamentación, determinar su alcance, se hace inevitablemente presente la pluralidad
ideológica, religiosa, axiológica, moral, antropológica, etc. Baste pensar en el derecho
fundamental a la vida humana: cuán distinta fundamentación y cuán distinto alcance le
reconocen, por un lado, quienes consideran que en determinados supuestos determinadas
personas tienen derecho a privar de la vida a otras y, en el lado opuesto, quienes no admitimos
supuesto alguno en que pueda tenerse por lícito privar de la vida a un ser humano (cualquiera
sea el momento, prenatal o terminal, en que se encuentre su existencia y con independencia de
que sea o no inocente de cualquier delito). Pensemos asimismo, valga otro ejemplo, en el
valor igualdad, sin duda incluido entre los comunes, y cómo hay quienes la invocan para
presentar como exigidas por ésta normas, actuaciones, políticas, con las que otros, por el
contrario, consideramos que salen maltrechas precisamente la igualdad, la justicia y, en
ocasiones, la pura lógica. También, pues, en referencia a los valores que se dicen comunes
-esto es un hecho innegable- se hace presente la pluralidad y también en este caso ha de ser
respetada, en cuanto resultado y expresión de la libertad ideológica y religiosa (CE 1.6).
La aportación específica de la escuela a la educación en valores comunes no puede
reducirse al mero aprendizaje de los enunciados de éstos y de las normas que los reconocen,
sino que consiste precisamente en fundamentarlos y en determinar su alcance y exigencias. Y
esa tarea no puede llevarse a cabo, en cada caso, sino desde la propia particular concepción a
la que responde el modelo educativo que se desarrolle legítimamente en ejercicio de las
libertades ideológica, religiosa y de enseñanza (CE 16.1 y 27, 1,2 y 3)”. Para algunos, al
parecer, en relación con esos valores que se dicen comunes, la pluralidad ideológica no
presentaría ningún problema, ya que esos valores no son otros que los
reconocidos-establecidos como tales por las normas jurídicas positivas. Ahora bien, esto es
incurrir en un manifiesto radical positivismo jurídico que entra en pugna con la propia
Constitución en cuanto ésta se remite al «contenido esencial» (CE 53.1) de los derechos
fundamentales como a algo anterior a la ley, algo que la ley no pone sino que debe respetar77 .
7. La falacia de lo común.
Con la concepción positivista según la cual hay valores comunes y éstos son los que
pone-impone como tales a todos la Ley, el Poder, el Estado, se corresponde la concepción
laicista-estatista de la enseñanza cuyo supuesto-clave –y dogma fundamental– es el de que
esa formación común de todos en lo común no es posible desde ninguna opción particular y,
por lo mismo, debe quedar confiada a la única instancia imparcial, común a todos y garante de
lo común, el Estado. La educación, se nos dirá, ha de ser a todos común y esto quiere decir es
laica, en cuanto lo laico es, de acuerdo la misma etimología de este término, lo propio de todo
el pueblo, lo común a todos los integrantes del laos. Y para asegurar que lo es ha de ser
estatal, ya que, según el supuesto-clave –dogma fundamental– en el que se asienta esta
concepción laicista-estatista de la escuela, no es posible educar en lo común desde una opción
particular. Y a muchos tal supuesto puede ciertamente presentársele revestido de una
cautivadora “evidencia”. Por eso es preciso ponerlo en cuestión: ¿Es verdad que no se puede
educar en lo común desde una opción particular?
La respuesta comprende dos momentos. Es cierto, concedamos en primer lugar, que
no es posible educar en unos determinados valores, comunes o no, desde una opción
77
González Vila, Teófilo, ibídem, así como “Aconfesionalidad, laicidad y laicismo. Una clarificación necesaria”, en
Domingo Moratalla, Agustín (coord.), Ciudadanía, religión y educación moral, PPC, Madrid, 2006, pp. 49-100
(especialmente pp. 80-96).
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Página 34 de 36educativa determinada por una concepción ideológica que niega esos valores. Pero, en un
segundo momento, hemos de afirmar con toda seguridad que no sólo es posible educar en los
valores comunes desde opciones educativas particulares (p.e., kantiana o cristiana), sino que
sólo es posible hacerlo desde una opción particular. Y eso por la sencilla e incontrovertible
razón de que no es posible ninguna opción real sino particular 78. “Tras el Estado, único
presunto educador universal e imparcial, no puede haber sino personas concretas
inevitablemente marcadas por sus ideas particulares y no puros “funcionarios” educadores
que actúen como agentes desencarnados, de ese absoluto y supremo imparcial
educador-Estado. Si eso fuera posible, estaríamos, por hipótesis, justo ante la imposición de
una doctrina y, por lo mismo, ante una manifiesta violación de la libertad ideológica, religiosa
y de conciencia. En suma, esa pretensión de una enseñanza oficial común sin mezcla de
particularidad alguna es innecesaria, imposible y, de ser posible, sería antidemocrática”79 .
Podemos decir que con las anteriores consideraciones quedaría invalidado el
argumento último con que podría pretenderse fundamentar la legitimidad del Estado para
actuar como maestro universal y único de ciudadanía. Es un hecho, sin embargo –y no
podemos ignorarlo– que para quienes se enfrentan a este tipo de cuestiones lo primero no es
la argumentación sino la toma de posición. Y desde ninguna concreta posición aceptarán
quienes la sostienen que pueda ser destruida por argumentos elaborados en el espacio cerrado
de cualquier de las otras posiciones. Ahora bien, en todo caso, es posible señalar la
congruencia, la compatibilidad, de una posición teórica, ideológica, doctrinaria, con
determinados principios y valores. En este caso, debe resultar clara la incompatibilidad entre
el reconocimiento de los derechos y libertades proclamadas en nuestra Constitución y una
concepción que atribuya a los poderes públicos legitimidad en la imposición de unas
concretas opciones en materias que son justamente y por definición el campo específico en el
que han de ejercitarse los derechos y libertades constitucionales.
Teófilo González Vila
78 “Los valores comunes sólo pueden hacerse realidad encarnados, para cada uno de nosotros, en la carne y sangre de su
vida real, en un aquí y un ahora cultural inesquivables, sin los cuales, sencillamente, no soy. Si afirmamos la existencia de
valores universales, bien en cuanto defendemos que valen en sí para todos (universalidad objetiva), bien –para quien se
instale en una universalidad rebajada (fáctico-estadística-consensuísta)–, porque son efectivamente reconocidos como
válidos por todos en un determinado universo, lo que está claro es que esos valores no se realizan ni pueden realizarse jamás
“desencarnados”. No existe el universal desencarnado. Los valores comunes sólo, pues, pueden realizarse encarnados en la
concreción del humus en el que realmente vivo, sin que, por otra parte, esto signifique que no los sepa a la vez válidos para
todos.- Quien pretende que es posible una educación en lo común “desencarnado”, pretende en realidad, adviértalo o no,
identificar con esa presunta opción asépticamente universal la propia particular opción encarnada (en diversos sentidos de
este término) que se define por la exclusión de cualquiera otra opción particular. Es, p.e., el mismo error –cuando sea sólo
un error– de quien pretende identificar la postura general de neutralidad religiosa del Estado respecto de todas y cada una de
las opciones particulares ante lo religioso con la particular opción, negativa, de quien propugnan que todas las demás
opciones sean eliminadas o, en todo caso, excluidas del ámbito de lo público. Esta opción particular ante lo religioso es la
opción laicista y no deja de ser particular porque sea negativa. No es lo mismo no-profesar-religión-alguna (en lo que
consiste la postura general de neutralidad religiosa del Estado) que profesar-el-no-a-cualquier religión (que es la opción
particular laicista). Siendo esto así, no sólo es legítima posibilidad, sino exigencia que hay que respetar y riqueza que hay que
celebrar la pluralidad de modelos educativos, pluralidad que puede y debe encontrar su expresión y realidad no sólo en la
existencia de escuelas distintas de las que tienen por titular a un poder público, sino también en la diversidad de orientaciones
que puede tener, la “idiosincrasia” que puede revestir, la enseñanza que se imparte en cada uno de los centros que se llaman
públicos. Con este ideal se conecta la propuesta de una escuela pública no-estatal, esto es, pública y comunitaria [Gómez
Llorente y Mayoral, V., La escuela pública comunitaria (Madrid, Laia, 1981) pp.73, 104, 82, 88 y 84, respectivamente],
escuela que, aunque a muchos les parezca esto sorprendente, puede situarse bajo el concepto de escuelas o centros de
iniciativa social” (González Vila, Teófilo, “Escuela pública y escuela privada”, en Acontecimiento nº 73, 2004/3, Año XX
pp. 56-59).
79 González Vila, Teófilo, “Laicidad y laicismos aquí y ahora”, en Communio, Revista Católica Internacional de
Pensamiento y Cultura, Nº 3-Invierno 2006, Madrid, enero, 2007. pp. 9-32, p. 21.
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